El Consejo de Estado ha acumulado una importante cantidad de condenas contra la Nación por las que considera fallas de miembros de la Fuerza Pública al proteger vida, honra y bienes de los ciudadanos, e incluso infraestructuras privadas, afectados por el terrorismo. Los consejeros han explicado sus decisiones, muchas de ellas de desproporcionada exigencia, en los requerimientos de los actuantes y en su falta de competencia para condenar a quienes ellos asépticamente llaman “terceros”.

La sentencia más recientemente divulgada, aunque está datada el 27 de julio pasado, condena a la Nación a indemnizar con poco más de $2.000 millones a los deudos legítimos de cuatro campesinos habitantes del corregimiento El Progreso, de San Luis (Antioquia), masacrados, reza la sentencia, por las Farc el 27 de abril de 2001. La providencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera reconoce que al Estado “no le son imputables todos los daños causados por terceros a la vida o a los bienes, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades establecidas en cada caso concreto”. En este caso, la ponencia aclara que el Ejército conocía las amenazas contra la población e incluso había alertado a los habitantes para que no salieran de sus casas mientras ellos los protegían, pero que “incumplió tales promesas, pues un día antes de los hechos se fue del lugar y dejó solos e indefensos a sus habitantes”, razón por la cual se profirió la condena pecuniaria.

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La acumulación de actuaciones del Contencioso Administrativo contra la Nación comprueba la severidad con que los altos tribunales han actuado para castigar acciones y omisiones individuales que constituyen fallas en el servicio de la Fuerza Pública. Tales providencias, ya ejecutoriadas, constituyen un importante y documentado acervo probatorio de los crímenes perpetrados por aquellos a quienes llaman “terceros”, principalmente las Farc y el Eln.

En perspectiva de garantizar a los colombianos plena justicia y al Estado igualdad, tiene el Consejo de Estado la magnífica oportunidad de recoger, ordenar y entregar a la futura Jurisdicción Especial para la Paz, y a la opinión pública, aquellas providencias que demuestran la responsabilidad de las Farc en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, de manera que sean pieza fundamental para el esclarecimiento de los hechos del conflicto y la sanción justa a responsables y determinadores de los delitos, pero también para garantizar que se respete la verdad, hoy amenazada con acciones jurídicas temerarias, en la discusión pública y para la historia.

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