Entre las afectadas están igualmente la representante a la Cámara Ángela María Robledo, la alta consejera para las víctimas, la paz y la reconciliación, Ángela Anzola, y las lideresas Imelda Daza y Luz María Díaz.
La senadora Claudia López fue una de las que recibió el panfleto amenazante.
La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este martes a la Fiscalía que investigue las amenazas atribuidas a la banda criminal las águilas negras bloque capital contra mujeres líderes en el país, entre ellas la periodista de origen español Salud Hernández y la senadora Claudia López.
En un comunicado, la entidad rechazó "todo acto de violencia dirigido a las defensoras, lideresas, periodistas y en general a todas aquellas mujeres que por el ejercicio de sus funciones de defensa de los derechos son víctimas de amenazas". "Esta situación limita el desarrollo pleno de sus derechos, máxime cuando se compromete la vida, libertad y seguridad", advirtió el documento.
En ese contexto, la Defensoría solicitó a las Fiscalía "proceder a la investigación contra las amenazas dirigidas en un panfleto cuya presunta autoría es de las águilas negras bloque capital a las periodistas Jineth Bedoya y Salud Hernández". Entre las afectadas están igualmente la representante a la Cámara Ángela María Robledo, la alta consejera para las víctimas, la paz y la reconciliación, Ángela Anzola, y las lideresas Imelda Daza y Luz María Díaz.
Además, la Defensoría solicitó a la Unidad Nacional de Protección que encabece "las actuaciones respectivas que permitan brindar las medidas de protección necesarias" a las amenazadas. La banda criminal las águilas negras surgió tras la desmovilización en 2006 de las paramilitares Autodefensas unidas de Colombia (Auc).
La Defensoría reveló que entre el 1 de enero y el 8 de agosto pasado se registraron 118 denuncias de mujeres que "manifestaron estar en riesgo o amenaza en razón a su ejercicio como defensoras de derechos humanos".
En lo que va corrido del año, esa entidad ha atendido 2.347 casos de violencias contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. De ese total, 726 casos involucraban a víctimas del conflicto armado; 1.014 a víctimas de violencia sexual fuera del conflicto; 1.056 víctimas de violencia física y 1.287 a víctimas de violencia sicológica.
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