La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este viernes sobre el riesgo en el que viven las comunidades indígenas y afros del municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, por la disputa entre grupos armados en esa región.

"El municipio de Riosucio se mantiene en riesgo de desplazamiento forzado y otras posibles afectaciones a la población por causa de la disputa entre grupos armados ilegales", afirmó el organismo defensor en un comunicado.

Agregó que entre enero y marzo de este año se han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento.

Según la Defensoría, desde el pasado 2 de mayo se han movilizado a la zona urbana del municipio representantes de dichas comunidades para exigirle al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc.

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Las comunidades recuerdan que el Gobierno les debe garantizar la no repetición de los hechos victimizantes, el desminado de las cuencas, la entrega de los territorios libres de actores armados y minas antipersona, la implementación de proyectos productivos para los procesos de retorno y el reconocimiento como sujetos de reparación colectiva.

"Los integrantes de los pueblos Embera Dovidá, Katío, Chamí, y Wounáan y las comunidades negras de las cuencas de los ríos Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó han sido víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos desde el año 2015 con la incursión" de la banda criminal Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln)", agregó la Defensoría.

La confrontación entre estos grupos armados por el control territorial ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersonas.

Así como restricciones a la libre movilidad que impide el acceso a las zonas de cultivo, cacería y pesca, lo que afecta gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades, reseñó la información.

Atendiendo a la delicada situación que ha llevado a las comunidades a movilizarse en la cabecera municipal de Riosucio, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a atender las peticiones de las comunidades y respetar sus derechos fundamentales a la autonomía y autodeterminación.