En 2017, la Defensoría del Pueblo atendió 155 casos de violencia y/o discriminación, de los cuales el 53% corresponden a personas gay, 31% a personas transgénero, 10% a mujeres lesbianas y el 6% a bisexuales.
Bajo el lema #YoCelebroLaDiversidad, la Defensoría busca que la sociedad reconozca los derechos y libertades fundamentales de la comunidad Lgbti.
El Defensor del Pueblo, Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado este domingo a las instituciones públicas para fortalecer los esfuerzos en pro de los derechos de la comunidad Lgbti y visibilizar su realidad.
“Somos conscientes de que será su liderazgo, movilización y especial protección por parte del Estado, la que nos permitirá construir caminos para celebrar la diversidad y la igualdad”, expresó Negret Mosquera. Estas declaraciones se dieron durante la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay.
Bajo el lema #YoCelebroLaDiversidad, la Defensoría busca que la sociedad reconozca los derechos y libertades fundamentales de la comunidad Lgbti, dejando a un lado los prejuicios en razón a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.
En lo corrido del 2018, la Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por los actos de violencia en contra de esta población, especialmente en Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. En estas ciudades se denunciaron casos de mujeres lesbianas que han sido agredidas por tener expresiones de afecto en lugares públicos; se ha impedido el ingreso a hombres gays a establecimientos en razón a su orientación sexual; se les ha puesto barreras de acceso a la salud a mujeres transgénero en centros penitenciarios de Bogotá y se han difundido mensajes de odio que ponen en riesgo la vida y la integridad de la comunidad Lgbti.
En 2017, la entidad atendió 155 casos de violencia y/o discriminación, de los cuales el 53% corresponden a personas gay, 31% a personas transgénero, 10% a mujeres lesbianas y el 6% a bisexuales. El 60% del total atendido concierne a violencia psicológica, seguido por un 27% de violencia física, 11% de violencia económica o patrimonial y un 2% de violencia sexual.
El 100% de los casos han demandado atención psicosocial, orientación e información en relación con los derechos en espacios públicos, sociales y culturales, e instancias y mecanismos para denunciar abusos por parte de autoridades.
Según la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas al 25 de junio de 2018, fueron registradas 8.346.422 víctimas, de las cuales 2.177 se identificaron como pertenecientes a la población Lgbti. Llama la atención que 60.931 personas no informan su género, lo que evidencia una alta probabilidad de que la población victimizada con orientación sexual e identidad de género diversa sea mayor.
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