Mediante acciones judiciales presentadas a motu propio o por interpuesta persona, el Gobierno Nacional no ceja en su empeño por imponer las 16 curules especiales de la Cámara de Representantes que fueron consignadas en el punto 2.3.6 del acuerdo final con las Farc como las que se otorgarían a “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, para que “grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y desplazadas), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz”, presentaran candidatos a representar esos territorios.

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Dado lo irregular que resulta que su apelación a la justicia para reclamarle que le imponga al Congreso decisiones útiles al interés del ejecutivo, el Gobierno, valido de los medios de comunicación que copian su agenda, ha creado la falacia de que esas curules se creaban como medida de reparación mediante la posibilidad de darles representación política a las víctimas del conflicto armado. La mentira le ha resultado útil para convencer lo mismo a periodistas interesados, o despistados, que a jueces que siembran justos interrogantes sobre su independencia, intereses o experticia.

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Una juez administrativa de Bogotá admitió una acción de tutela interpuesta por Robinson López Descanse, líder indígena y contratista del Estado, este último año del Ministerio del Interior, que pretende imponer la aprobación de las circunscripciones especiales aduciendo que al negarlas se violaron los derechos de las víctimas a elegir y ser elegidas. Con la admisión, esta operadora judicial dictó medidas cautelares ordenando al presidente del Congreso promulgar la ley archivada por falta votos para su aprobación, decisión que, con claridad y valentía, el dignatario determinó no atender explicando, otra vez, que no puede promulgar una norma que no existe. El paso dado por el doctor Cepeda abre interrogantes que habrán de resolver los asesores del Congreso, la juez y las instancias superiores de la judicatura.

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Al responder otra acción jurídico-política del Gobierno para intentar revivir ese acto legislativo, la Corte Constitucional, con excepción de dos magistrados, le notificó al presidente de la República que “todavía no tiene competencia para activar el control automático y único de constitucionalidad establecido en el acto legislativo 01 de 2016”. Su determinación reconoce la inexistencia de un hecho jurídico que abordar, pero lo hace sin admitir que la norma no puede revivirse, toda vez que no obtuvo la mayoría reglamentaria para ser promulgada. Por parte de ese alto tribunal, la discusión sigue sin resolverse.

La huella del gobierno Santos en materia de reconocimiento de las víctimas y respeto por su dignidad se tiene que reconocer en lo que es más significativo para ellas, sin dejar de reconocer que su representación política es necesaria. Lo que realmente respeta sus derechos es el cumplimiento pleno de justicia con garantías de verdad, reparación y no repetición. Y en estas materias, Gobierno y Farc se rajan, pues las verdades están emergiendo por voluntad de las ONG de víctimas, no por exigencia de las autoridades; lo aprobado como justicia es una garantía tal de impunidad que ya alertó a la CPI, y en materia de reparación no se conocen acciones del Gobierno para buscar los bienes ocultos de las Farc y exigir que estos se destinen a la reparación de las víctimas.

Las omisiones del Gobierno para defender estos derechos de las víctimas, contrasta con su insistencia en imponer las 16 curules de las circunscripciones especiales, que pretende hacer pasar como curules para las víctimas pero que han de entenderse como parte del acuerdo de imponer espacios, además de las diez curules gratuitas, para que las Farc ocupen escenarios de poder a los que el pueblo colombiano no los llevaría por su propia voluntad. Entre tanto, ciudadanos y víctimas siguen relegados de los escenarios democráticos, la justicia y las decisiones.