La negociación del primer acuerdo con las Farc falló por errores de la Mesa de Conversaciones que el equipo del Gobierno ha reconocido, aunque tímidamente: la reelección de Santos fue interpretada como un mandato popular por la paz, pero en cumplimiento de esa voluntad mayoritaria (también por pequeño margen) el Gobierno cometió el error de no incluir a sectores muy importantes de la sociedad que disentían o se sentían ignorados en las conversaciones. Con impacto muy grave para la confianza pública en el proceso, se trabajó para diluir y hasta instrumentalizar a las víctimas de las Farc, que si no cumplían con el guion preestablecido eran tachadas de vengativas, cuando lo único que reclamaban era su irrenunciable derecho a tener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, por su bien y el de los demás colombianos. Con el Nuevo acuerdo de paz, se anuncian las pretensiones de respetar el proceso legislativo ordinario como el natural para el desarrollo constitucional y legal de los acuerdos, así como de reconocer las demandas de las víctimas.

Los cambios en el primer Acuerdo de La Habana no son graciosa concesión. Ellos fueron conquistados por los votantes del No en el plebiscito, y por valientes víctimas que se unieron en organizaciones como la Federación de víctimas de las Farc y Víctimas visibles. Su empeño les permitió ganar un lugar tan preponderante en la agenda pública nacional que los grupos políticos y organizaciones más representativas que presentaron propuestas para la renegociación, coincidieron en exigir que los derechos de las víctimas se pusieran en primer lugar. Como han declarado los personeros de las organizaciones de víctimas, ese reconocimiento apenas se hizo a medias.

Culminada la etapa de construcción del Nuevo acuerdo de La Habana, el Congreso queda con la responsabilidad de construir la agenda legislativa para su implementación. Con esa preponderancia, y en tanto delegado del soberano, el legislativo puede ser simple tramitador, o, por el contrario, tomar la iniciativa para acentuar los contenidos del Acuerdo que reconocen a la ciudadanía. En ese orden de ideas, el Congreso es el llamado a priorizar el análisis y trámite de iniciativas de implementación que recogerán las demandas de las víctimas sobre participación política y social, reparación y especialmente, los derechos a la verdad sobre más de 700 ciudadanos y militares secuestrados y desaparecidos de quienes aún no se tiene información, el destino de los menores de edad todavía reclutados, los mapas concretos de ubicación de minas antipersonal y listados reales y totales de los bienes para la reparación. Normas fuertes y claras que le den vigor a los tenues compromisos por lo menos esbozados en el Nuevo acuerdo de La Habana.

Colombia empieza a aprender, y no lo hace con la claridad y celeridad que debería, que los principios humanitarios no pueden ser negociados y mucho menos minimizados. La suerte de los secuestrados, los desaparecidos, los niños reclutados o los heridos por minas antipersonal no es anécdota de conversaciones casuales o apenas mención en documentos de memoria: es el punto de partida para empezar a construir el país digno que sería posible construir. Los derechos de los victimarios que se incorporan, claro que deben ser reconocidos, pero en el centro y primero, deben estar los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana. El lugar de la ciudadanía, y sus representantes, está, entonces, en acompañar a las víctimas, para que se les resarzan los derechos conculcados, y exigir que cesen las acciones victimizantes. En el proceso con las Farc fue una opción tardía, en el pendiente de iniciar con el Eln es oportunidad para demostrar que estas negociaciones pueden provocar la emergencia de un nuevo país, humanitario y solidario, que sabe ordenar sus prioridades.

El pasado 1 de noviembre, la maestra Rosalba Ariza Tierradentro, docente en la Normal de Florencia, Caquetá, fue secuestrada en un sector entre Pitalito (Huila) y Coconuco (Cauca). Después de desmentir la autoría del Eln, voceros del Gaula han entrado en contradicción con la familia de la mujer secuestrada y de quien se dice fue dejada en libertad, una semana después, en inhóspita zona de montaña. En esa zona es buscada por su familia, la Guardia Indígena y miembros de los cuerpos de bomberos de varios municipios de Huila y Cauca, que han tenido compañía de los periodistas Erbin Hoyos y Salud Hernández Mora, que se han sumado para exigir que en Colombia se liberen de inmediato todos los secuestrados y que por parte del Estado cesen tratamientos diferenciados que hacen que algunos parezcan víctimas de hasta quinta categoría. La exigencia por la libertad de la maestra plagiada no es sólo de los suyos, ella debe ser un acto por la paz de Colombia en el que nos sumemos todos y muy especialmente las banderas de Fecode, los maestros no sindicalizados, los padres de familia y las ONG propulsoras de la defensa de los derechos humanos