El temor que cunde en algunos sectores del país a que Gustavo Petro sea el presidente de los colombianos obedece a motivaciones políticas y económicas, y a una incapacidad para dejar que Colombia se enrute por el camino de las transformaciones democráticas que requiere. Pero, ante todo, pretende configurar un regreso al pasado, desconocer los avances de la Constitución del 91 y garantizar que el statu quo se mantenga, en contravía de un mayor nivel de equidad social.

El afán de muchos empresarios por apoyar la candidatura de Iván Duque tiene el acicate de los grandes beneficios que obtendrán de su propuesta económica, reflejados en la percepción de mayores ganancias a costa de los magros ingresos de los trabajadores; en una mayor concentración de la riqueza, en la vigencia de una política minero – energética que desconozca el papel de las comunidades, soslaye las consultas previas y acentúe la destrucción del medio ambiente.

Los políticos tradicionales no quieren que se resuelvan los problemas estructurales que nos agobian, impiden la consolidación de nuevos escenarios democráticos y buscan que las masas sean controladas para sus intereses. Quieren reducir los avances en reconocimiento de la diversidad en todos los niveles, incluida la población LGTBI, que volvamos a épocas primitivas para imponer su religión, controlar los medios de comunicación, impedir que se consolide la paz y que muchos de los que “refundaron la patria” vayan a los tribunales de justicia, incluida la JEP, como responsables de financiar la guerra o instigar las manifestaciones de violencia.

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Muchos saben que Iván Duque carece de la experiencia y capacidad requeridas para tan alta posición, detalle que poco importa porque detrás estará Álvaro Uribe trazando línea en las decisiones de gobierno. Y con él, los personajes responsables de impulsar la política del odio que hoy nos rebaja a los ojos del mundo. En cambio, Gustavo Petro ha sabido madurar sus propuestas y atraer el entusiasmo de mujeres, jóvenes y ciudadanos independientes. Está aglutinando gran parte de los votos de Sergio Fajardo, de los liberales escandalizados con la entrega de las banderas que protagonizó César Gaviria, de los sectores excluidos de las grandes decisiones que requiere el país, de los líderes de la lucha contra la corrupción que saben que una presidencia del Centro Democrático despejará el camino para su ejercicio impúdico. También están con Petro las corrientes alternativas que se han abierto camino con la promulgación de la Constitución de 1991, cantera de esta necesaria renovación política.

Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Santos y las farc están en entredicho, con todas sus consecuencias. De hecho, ya se han venido desmontando muchos de sus alcances; si gana el candidato del CD que ahora dice que no los hará trizas, introducirá cambios en su concepción esencial y bloqueará la implementación acordada.

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Petro es garantía de que el proceso de paz llegará a buen término, y que podremos trasegar el largo camino del posconflicto: ha encarado un duro combate contra la corrupción y la parapolítica, y ha denunciado la intervención del narcotráfico en la vida institucional del país.

Este promisorio candidato, como en su tiempo le sucedió a Luis Carlos Galán y antes a Jorge Eliécer Gaitán, tiene que enfrentar una eficaz maquinaria de poder que quiere afianzar, aún más, la concentración de la riqueza, la exclusión como norma de la política, la destrucción de los avances democráticos y la imposición de un régimen para las elites y contra la posibilidad de que imperen las decisiones ciudadanas. A este turbio panorama nos enfrentamos, así que el 17 de junio debemos impedirlo votando masivamente por Gustavo Petro: una decisión más humana.