El presidente Santos, el exjefe negociador y ¿precandidato? Humberto de la Calle, el presidente del Congreso y los medios de comunicación, le reclaman a las Farc la liberación de los menores de edad víctimas de reclutamiento forzado, crimen generalizado y sistemático perpetrado por décadas. La exigencia es tan tardía, limitada y equívoca como todas las hechas a la contraparte en la negociación. 

Hemos acompañado a Pandi y Coalico en la exigencia de cesar el reclutamiento de menores de edad, liberación inmediata y resocialización de las víctimas. El 12 de febrero de 2014 conmemoramos el Día de las manos rojas, con la denuncia, hecha por Coalico, de que durante el primer año de negociación, las Farc habían reclutado a 531 menores de edad, entre ellos 458 que tenían entre 8 y 14 años (ver en: https://goo.gl/l3NvQF). Entonces, el Gobierno y las Farc no rechazaron las cifras ni negaron la comisión de este crimen de guerra. Si hace tres años se admitió la existencia de medio millar de nuevos niños reclutados, ¿de dónde sacan ahora los datos, inferiores, sobre el número de víctimas?, ¿cómo explican las Farc cuál ha sido la suerte de los demás afectados?, ¿de qué manera va el Gobierno a justificar que la burocrática Unidad de Víctimas no hubiera realizado campañas para buscar a padres o familiares de niños víctimas, de manera que construyeran un registro cierto de la condición y suerte de los menores de edad? 
El 12 de febrero de 2015, las Farc hicieron su primera, y cicatera, promesa de que dejaban de reclutar menores de 17 años. Aunque la proclama, cuyo cumplimiento no fue verificado, era recortada, voceros de la ONU y la Unicef la aplaudieron como “importante paso al desescalamiento del conflicto armado”. Ante la mezquindad de aquel pronunciamiento, y de quienes lo aplaudieron, reclamamos que en el proceso de acuerdo y dejación de armas se hacía preciso “exigir responsabilidades por el reclutamiento de menores de edad pero también por los crímenes a él asociados, como las masacres perpetradas contra  familias y comunidades que se resistieron a que sus hijos fueran obligados a la guerra, o como el desplazamiento de padres y madres que prefirieron la incertidumbre de la huida a admitir la vinculación de sus hijos al conflicto”. También hubo silencio.

Catorce meses pasaron antes de que las Farc, siempre acompañadas y toleradas por los negociadores del Gobierno, anunciaran “la salida progresiva de los menores de edad en los campamentos”. El 17 de mayo de 2016 afirmamos, encontrando el silencio de la Mesa de La Habana, que las Farc quedaban exoneradas de su responsabilidad por el crimen de reclutamiento de menores de edad, asegurando que la exoneración ocurría “por el eufemismo con el que ahora se le llamará, así como gracias a las decisiones sobre justicia, adoptadas para regular la imputación penal a menores entre 14 y 18 años que se encuentren responsables de participar en delitos”. Fruto de la grandilocuente promesa, fueron liberados apenas trece personas, una de las cuales había llegado a la mayoría de edad dentro de esa organización. Los centenares ¿o miles? restantes empezaron a ser borrados de las obligaciones de verdad, justicia y reparación.

Las tolerancias sucesivas del Gobierno con este crimen, causante de otras severas violaciones a los derechos fundamentales, y prevalentes según la Constitución, de niños, niñas y adolescentes, condujeron al país a este momento crítico en el que Gobierno y Farc mienten cuando afirman que las víctimas de reclutamiento son 170 (según los últimos datos ofrecidos por Sergio Jaramillo) o 21 (según alias iván márquez), pero también en el que ambas partes siguen intentando minimizar este crimen contra el menor directamente afectado y la familia impactada por él, así como los que están asociados a él. Sucede cuando voceros guerrilleros se declaran, con tolerancia general, protectores de los infantes que sometieron a vejámenes y, consecuentemente, veedores del tratamiento tras su liberación. Pero también ocurre cuando los personeros de la sociedad, como el comisionado Sergio Jaramillo, se niegan a exigir más allá de las declaraciones a medios, a las Farc cumplimiento antes de apresurar las acciones del Estado, como sucede cuando afirma que: “El Gobierno va a seguir cumpliendo con sus compromisos y espera que las Farc hagan lo propio”. Tal vez sin proponérselo, con su respuesta informó cuál fue el tono de una conversación, no negociación, en las que la contraparte exigió y el Estado cedió.