La corrupción ha permeado a muchos en todos los poderes de la nación. Hoy se empieza a traducir en detenciones, juicios y demás lo que desde tiempo atrás se escuchaba como rumores callejeros, pero poca trascendencia se le daba a eso porque todavía, al menos, existía respeto, por ejemplo, por la Rama Judicial y parecía salido de tono sospechar al punto de tocar magistrados de las Altas Cortes. Pues sí, resulta que los rumores aquellos son hoy vergonzosas realidades y vivimos en un estado de desconfianza generalizada porque, como alguien decía, estamos en la dictadura de la corrupción.

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Hace poco se nombró a quienes van a hacer justicia dentro del marco de algo que se llama la JEP, enredo ese que ni se ha completado en su estructuración legal y de funcionamiento, pero, eso sí, Santos por decreto de finales de septiembre puso tareas a los escogidos para que vayan haciendo algo y justifiquen el sueldo que será de unos 30 millones de pesos. Una persona que sabe de esos vericuetos de la administración pública dijo que el oficio a los designados para la JEP se los puso Santos en esa fecha para que el 1° de octubre ya estuvieran en nómina y así en diciembre pudieran recibir beneficios extras como primas o aguinaldos… claro, a cuenta de los contribuyentes que para eso pagamos IVA del 19%.Dios permita que lo que sea vaya a ser la tal JEP lo sea con integridad y que haga honor a lo que algunos de las Cortes deshonraron con sus comportamientos y abusos.

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Internacionalmente se mide el grado de competitividad de una nación. Resultados recientes dan cuenta de que Colombia va para atrás en casi todos los parámetros evaluados. Así es imposible pensar en un comercio exterior de manufacturas realmente importante. Además, la menor competitividad se traduce en mayores costos de producción. La eficiencia reduce costos y tiempos de proceso.

Pero, ligado a eso, está el dato dado a conocer hace unos días por el señor Echavarría Soto, gerente del Banco de la República; según dijo, el crecimiento potencial del Producto Interno Bruto (PIB) del país, sin generar inflación, está entre 3,1% y 3,3%. O sea que, sin alborotar la inflación, el máximo crecimiento del PIB al que podemos aspirar está en el orden del 3,2%. Eso es muy mala noticia para quienes buscan salir de la miseria y para quienes aspiran a dejar el grado de pobreza. De otro lado, la generación de empleo “de calidad” está amenazada porque los puestos nuevos de trabajo que se creen no serán suficientes para absorber la población que cada año sale a buscar empleo. Así las cosas, puede predecirse un incremento del subempleo, del empleo “sin calidad”, lo que lleva a índices de desocupación mayores si la medición del número de personas con trabajo digno se hace honradamente.

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Es serio que el panorama de deterioro denunciado de nuestras expectativas de crecimiento del PIB, sin incrementar la inflación, se haya agudizado en los últimos años, mejor dicho, durante el mandato de Santos por la aplicación de su “modelo” económico. No solamente los déficits y el alto endeudamiento van a presionar al gobernante que llegue en 2018, sino que lo van a obligar a hacer recortes presupuestales que se traducirían en menor oferta de empleo y, adicionalmente, lo llevaran a incrementar la actual carga impositiva, de por sí ya asfixiante para el total de la economía nacional.

Preocupa a muchos que el desarrollo de los acuerdos de Santos con las Farc se tardará muchísimo más de lo previsto porque plata no hay y sin ella no podrá cumplirse con lo pactado. Ahora, frente al gobernante que llegue, se va a encontrar atado con camisa de fuerza que le impedirá hacer otras cosas urgentes para el país. Se ha abusado de las llamadas vigencias futuras porque ello implica que en todo presupuesto habrá que poner de primero esas vigencias y luego, con lo que quede, ejecutar obras y acciones diferentes. En otras palabras, se le ha definido desde ahora el rumbo y el marco de gasto e inversión a quienes vengan a gobernar en el futuro. Es algo así como si Santos el 7 de agosto del año entrante dijera: me voy… pero ahí les quedo.