Entrada la noche del jueves una Ong llamada Fundación Lazos de Dignidad notificó al país, mediante su cuenta en la red social Twitter, del traslado de alias jesús santrich desde el hospital El Tunal hacia “una sede ofrecida por la Conferencia Episcopal por razones humanitarias”. El detenido, acusado de narcotráfico y pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos, había sido dado de alta del centro hospitalario ese mismo día, después de haber permanecido bajo observación médica desde el pasado 26 de abril, a causa de la huelga de hambre en la que se declaró el mismo día de su captura.

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La Fundación Lazos de Dignidad, según se puede comprobar en su sitio web, es una organización que se autoproclama defensora de los derechos humanos y que no oculta su afinidad con las Farc. Sin que esta Ong ofreciera detalles sobre el traslado del alias santrich, el país amaneció ayer con numerosos interrogantes para los cuales las respuestas ofrecidas por los voceros del Gobierno Nacional nos generan muchas más dudas y una única certeza: la de que hubo una gravísima intromisión por parte del Ejecutivo en las decisiones de la rama judicial, lo que nos pondría, por cuenta del proceso de paz con las Farc, frente a un duro golpe a la necesaria separación de poderes que da sustento al Estado de Derecho y a la democracia.

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Según una información difundida ayer por la emisora W Radio, la decisión del traslado fue tomada por el Gobierno Nacional bajo la condición de que alias santrich abandonara la huelga de hambre en el término de tres días. Aunque el viceministro de Justicia, Carlos Medina, dijo desconocer tal condición, fue claro en señalar, en entrevista con el mismo medio, que el Gobierno evalúo las solicitudes hechas por la Conferencia Episcopal Colombiana y por  el representante de la ONU para los Derechos Humanos, que pedían el traslado del recluso. Si bien el traslado como tal fue ejecutado por el Inpec, con conocimiento de la Fiscalía que, a decir del funcionario, “no nos notificó un centro de reclusión en particular”, resulta evidente la intervención del Gobierno en este hecho.

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Tras la captura de alias santrich el 9 de abril, por parte de la Fiscalía General de la Nación con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, acusado de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país, hecho que habría tenido lugar después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, el líder de las Farc decidió declararse en huelga de hambre en protesta por lo que consideró un montaje en su contra. En atención al lógico deterioro de su salud, el Inpec autorizó el traslado del interno al hospital El Tunal el 26 de abril, una decisión que se enmarca en los principios del Derecho Internacional Humanitario, que obliga al Estado a brindar al detenido la oportunidad de que no muera o, al menos, de recuperarse para decidir, de manera consciente, si levanta o no la medida de protesta. Según lo publicado en redes sociales por las Farc, aunque santrich recibió “transferencia alimentaria”, continuará con su protesta de manera indefinida.

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Entendemos que para el Gobierno, que ha recibido toda clase de presiones para salvaguardar la salud del líder guerrillero, incluida una emanada del Congreso de la República, sea prioridad evitar que santrich se convierta en un mártir que justifique el incumplimiento por parte de las Farc de las obligaciones adquiridas con la firma del acuerdo de paz. Pero el país debe empezar a entender que llegará un momento en el que, en nombre de ese acuerdo, alias santrich, otros líderes de la misma organización y el propio Gobierno, no podrán seguir burlando la ley ni el Estado de Derecho, tal como ocurrió con el plebiscito y el desconocimiento de su resultado mediante una segunda refrendación a la medida del Gobierno, y que el Ejecutivo tampoco se podrá seguir extralimitando en sus funciones constitucionales para preservar un acuerdo que hoy luce imposible de sostener.

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No tenemos razones para dudar de la investigación adelantada por la justicia de los Estados Unidos, ni de las pruebas aportadas a la Fiscalía colombiana para iniciar el proceso contra alias jesús santrich, pero si el implicado alega su inocencia, lo mínimo a lo que se debe someter es al debido proceso. Desconocerlo, como lo ha hecho hasta ahora con su publicitada huelga, es rechazar la institucionalidad con la que su organización firmó el acuerdo de paz y mantener la misma actitud de la que, por más de medio siglo, las Farc han hecho alarde.

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El Estado colombiano ha debido, en todo momento, defender la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia y no violarlo de manera tan flagrante, discriminando injustificadamente a una persona que, si bien no ha sido condenada, sí permanece bajo la custodia de las autoridades mientras se define su situación jurídica. ¿Cuál era la necesidad de llevarlo a una sede de la Conferencia Episcopal luego de ser dado de alta y no devolverlo a su sitio de reclusión? ¿Quién, en el alto Gobierno, tiene la competencia para tomar esa decisión? ¿Se está allanando el camino hacia un asilo político, con la intervención de la Iglesia Católica y Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar si santrich no levanta su huelga de hambre o, dadas sus nuevas condiciones de reclusión, se da a la fuga o es “rescatado” por sus compañeros de filas? No encontramos justificación alguna, ni desde lo político ni desde lo jurídico, para esta determinación, que no hará más que darles argumentos a quienes siguen delinquiendo sobre la incapacidad del Estado para hacerles frente, mientras buena parte del país se mantiene en un ciclo de negación sobre el fracaso del acuerdo.

Comentarios:

Edgar
2018-05-12 11:01:34

Es correcto todo el alegato del editorialista, con el agravante de que la Iglesia Católica queda muy mal parada con la acogida que le está dando al cabecilla, reo de narcotráfico posterior a la firma de los acuerdos.

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