Las relaciones con Estados Unidos volvieron, entonces, a narcotizarse
Poco a poco va cambiando el escenario político colombiano. Santos cada vez está más entre las cuerdas y la oposición se posiciona.
La cocaína colombiana y la dictadura bolivariana, como todos sabemos, son dos desafíos enormes a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La primera afecta gravemente la salud de millones de norteamericanos; y el país vecino, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, está en manos de una dirigencia criminal antinorteamericana. Y para USA estos dos problemas están relacionados porque las Farc y el Eln, grandes productores de cocaína en Colombia, son aliados y valedores del gobierno venezolano y socios en el negocio del narcotráfico con esa dirigencia.
Santos se cree el maestro de la ilusión y del engaño. Necesitaba ganar el apoyo del gobierno de Trump, ahora que el rancho comienza a arderle, y, en consecuencia, estuvo planeando durante los últimos meses, la visita a Estados Unidos, tomando distancia de Maduro y prometiendo que iba a avanzar en grande en la sustitución de cultivos de coca. Hasta sembró un arbolito de plátano en un cultivo de esa planta, para mandar el mensaje de que estaba enfrentando el problema de manera radical.
Pero allá nadie le creyó. El gobernador de La Florida, Rick Scott pidió a Trump que tratara el punto del crecimiento de las plantaciones de coca y que recibiera también al expresidente Álvaro Uribe y el senador Marco Rubio manifestó su preocupación por la impunidad que están obteniendo las Farc en el acuerdo de paz. Ningún funcionario norteamericano lo recibió en el aeropuerto y Trump le concedió treinta minutos, al final de los cuales le dijo que esperaba de él que combatiera de verdad el narcotráfico y que requería su apoyo decidido a la democracia en Venezuela.
Las relaciones con Estados Unidos volvieron, entonces, a narcotizarse, como consecuencia de un crecimiento en 2016 de 188.000 hectáreas de coca y producción de más de setecientas toneladas de clorhidrato de cocaína al año, cuyo destino central es la nación del norte. Y dentro de la narcotización de las relaciones, está, por supuesto, el manejo de “nuevo mejor amigo” que nuestro gobierno le ha dado a la narcodictadura venezolana, cuya mafia es conocida como cartel de los soles, encabezada por Maduro y su esposa, el actual vicepresidente El Aissami y altos mandos las fuerzas armadas y de la guardia nacional bolivariana.
¿Por qué hago esa relación?, se preguntarán ustedes. Es simple: estos sujetos, además de robarse el petróleo del vecino país y de saquearlo inmisericordemente, han usado su poder para exportar la coca proveniente de Colombia, especialmente de las Farc y el Eln. Además, han arrastrado a su pueblo a la miseria y lo están, literalmente, torturando y asesinando, en una espiral de violencia y desafueros que no permite una salida negociada al conflicto social que están provocando porque saben que les espera la prisión por autores de crímenes atroces y narcotraficantes y, por tanto, se aferran como lapas al poder.
Si Santos pensaba que podría pasar de agache con el problema del narcotráfico, quedó notificado de que no será así, lo que complicará sus relaciones con las Farc, si decide hacer algo al respecto, o con Estados Unidos, si piensa continuar por la senda de convertir a Colombia en un narcoestado. Y si creía que pasada la visita a Washington podría volver a sus amores con “el nuevo mejor amigo”, se equivocó de cabo a rabo. En ambos casos tendrá encima los ojos vigilantes de la potencia del norte. Y en época electoral, para colmo de sus males. Y, por otra parte, el resultado de la visita, es un triunfo para la oposición colombiana, que ha ganado espacio en la comunidad internacional, específicamente, en las esferas de poder de los Estados Unidos.
Por otro lado, la Corte Constitucional, CC, tomó dos decisiones que contradicen el querer del gobierno. Primero, declaró inexequible el decreto que permitía que exguerrilleros de las Farc trabajaran como escoltas en la Unidad Nacional de Protección. Esto significa que el país se libró de 1.200 guerrilleros armados por el estado. Pero lo más importante es que limitó el fast track, a raíz de una demanda que hizo el senador Iván Duque. Ahora el congreso podrá modificar el contenido de los proyectos de ley o de actos legislativos enviados por el gobierno y las Farc para su aprobación. Y cada proyecto tendrá que debatirse artículo por artículo y no en bloque, como hasta ahora.
Ciertamente, reivindica el fallo, de alguna manera, la autonomía del congreso, es decir, la independencia de poderes. No sobra advertir, sin embargo, que lo aprobado hasta ahora, la amnistía y la Jep, entre otros, tienen presunción de legalidad. De manera que no es un golpe definitivo a ese procedimiento, sino que, por el contrario, la CC lo acepta al modularlo, y, de paso, legitima, una vez más el acuerdo en aspectos terribles como los dos puntos señalados anteriormente. Pero hay tópicos que podrán discutirse, como la reglamentación de la mencionada Jep, la propiedad agraria, el tratamiento a los narcotraficantes y la reforma política, entre otros. No obstante, todo depende de si las bancadas del oficialismo se mantienen “fieles al gobierno”, que ya debe estar preparando la mermelada que les dará antes de que se renueve el parlamento. Si los conservadores y los de Cambio Radical, en esta época preelectoral y dada la percepción que el país tiene de Santos, pueden acercar posiciones al Centro Democrático, podría ponerse freno a los abusos del acuerdo, esperando el resultado del nuevo congreso y de la presidencia, para impulsar una reforma de fondo al pacto Santos–Farc, que desmonte los aspectos inadmisibles del acuerdo.
Y depende también, de la manera como termine de renovarse la CC, porque recordemos que dos de los que votaron la decisión son provisionales. Que sean reemplazados por dos personas honorables e imparciales, es definitivo para el futuro próximo del país. Una alianza para que el Senado elija a dos personas de ese perfil, es definitivo. De manera que es hora de comenzar a hablar con todo el mundo que pueda acercarse a esta posición autónoma en defensa de la democracia del país.