La intensa campaña propagandística del Gobierno Nacional alrededor del desminado humanitario, las intervenciones reparadoras a cargo del erario (que no de las farc) y el inicio del programa de sustitución de cultivos ilícitos en la vereda Orejón de Briceño, Antioquia, exige comparar los resultados con otros procesos como el de San Carlos, Antioquia, territorio que también sufrió la horrorosa confluencia de cultivos ilícitos, uso del territorio como corredor del narcotráfico, y el conflicto interno.

El proceso de recuperación territorial de San Carlos fue asumido por la Vicepresidencia de la República y ejecutado por sesenta soldados del batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, que destinó sesenta de sus miembros a la intervención ejecutada entre los años 2008 y 2011, en la que fueron recuperados 155.000 m² de cinco veredas y eliminadas 560 minas antipersona y artefactos explosivos. Tras la limpieza del territorio, y con apoyo de EPM, la Alcaldía de San Carlos, la Andi y la propia comunidad, se impulsó el retorno de familias que retomaron el trabajo del campo y han retejido la comunidad.

El desminado en El Orejón se realizó entre julio de 2015 y diciembre de 2016. En él intervinieron el batallón de desminado humanitario del Ejército y la ONG Ayuda Popular Noruega, acompañados por guerrilleros de las Farc. En año y medio, la intervención permitió recuperar 19.849 m² y eliminar sesenta minas antipersona sembradas por las Farc en la vereda intervenida. A consecuencia de este paso, que miembros de la comunidad han alertado dejó sin revisar una de las zonas que también estarían contaminadas, el Gobierno Nacional realizó inversiones en infraestructura local, o sea hechos de reparación a comunidades afectadas por el conflicto, por valores que calcula ascienden a $9.000 millones y ahora inicia el programa de sustitución de cultivos ilícitos, en el que los campesinos reciben estímulos económicos para erradicar las hectáreas de coca.

Los datos más conservadores calculan que en 700 municipios colombianos hay 200.000 kilómetros² contaminados con minas antipersona. Y la celebración continuada en El Orejón señala que ese modelo, y no el de San Carlos que se aplicó en otros territorios, será el optado para la intervención en zonas afectadas por las armas letales que las Farc sembraron para contener el paso del Ejército, proteger sus campamentos o cercar sus cultivos ilícitos.  Reconocer esa realidad crea dudas sobre la posibilidad de que el país sí sea limpiado de minas; interroga por cómo va el país a asumir el costo de ineficiencias que saltan a la vista, y reaviva las preguntas, que no por repetidas han merecido respuesta, sobre cuándo y cómo asumirán las Farc sus obligaciones con la recuperación del territorio que afectaron y la reparación de millones de víctimas, entre ellas los deudos o los heridos por minas antipersona.