Al adelantar el momento de posesión de 30 de los 51 magistrados de la Jurisdicción especial para la paz, el presidente Juan Manuel Santos le ha ofrecido otra generosa concesión a las Farc y sus aliados en Cuba y Venezuela. Este ha sido cargado a la democracia y la ciudadanía.

Vea sobre la posesión de los magistrados

Al poner en marcha la JEP, el presidente terminó de allanar el camino para que jefes de las Farc condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad puedan ser elegidos en la Presidencia de la República y el Congreso, pues alegarán haber cumplido con el compromiso de comparecer ante la justicia y ofrecer verdad, toda vez que Gobierno y Congreso se negaron a atender la petición para que se les exigiera cumplir las sanciones impuestas por la JEP y reparar a las víctimas antes de ser elegidos en dignidades de representación popular o cargos públicos. El privilegio que ahora reciben los habilita ante las autoridades electorales colombianas y los excusa ante la Corte Penal Internacional.

La legalización de la participación política de los jefes farianos da oxígeno a las tiranías de Cuba y Venezuela, que cifran sus esperanzas de sobrevivencia particular y de la ideología extremista que profesan en la generosa apertura de espacios políticos que el gobiernos Santos ha entregado a una organización que el gobierno de Colombia enfrentó durante 50 años, hicieron su contraparte en una mesa de negociación a partir de 2012 y avalan desde diciembre de 2016, tras la firma del acuerdo final. El costo de la acelerada implementación que en apenas año y medio dio estatus político, y elegibilidad, a combatientes de medio siglo ha sido impuesta al Congreso, la Corte Constitucional y la ciudadanía.

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Al aprobar la ley estatutaria de la JEP, el Congreso, en uso de facultades constitucionales reconocidas en sentencia de la Corte Constitucional, determinó inhabilidades para magistrados que, por su trayectoria profesional, podrían incurrir en la irregularidad de prejuzgamiento, que viciaría sus decisiones. Tal norma, que aún no es estudiada por la Corte Constitucional acaba de ser violada por el propio presidente de la República, que la ignoró al tomar juramento a algunos jueces incursos en la limitación vigente. Algunos de los magistrados entendieron la gravedad del hecho y se abstuvieron de participar en esta zancadilla a la norma. Esta clara desobediencia a una ley por parte del Primer Mandatario es inédita en la democracia colombiana.

La Corte Constitucional no escapa al plumazo presidencial, pues con él se puso a andar una institución cuyos objetivos, delimitación y características han sido definidas en la sentencia sobre el acto legislativo que creó la JEP. Tal fallo aún no ha sido promulgado por ese tribunal. Además de ignorarla, el presidente Santos presiona a la Corte, en tanto le impone un hecho cumplido antes de que ella emita el pronunciamiento de fondo sobre su exequibilidad, que le es exigido. Dadas actuaciones previas del doctor Santos, esta actuación es un anuncio a la Corte de que si llegare a fallar afectando a los magistrados ya posesionados, entraría a engrosar la ya larga lista de “enemigos de la paz”.

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Con el cinismo que le es propio, el Gobierno y los 30 magistrados que se posesionaron declararon que su actuación estaba revestida de “legitimidad”, pasando por alto el hecho de que si algo adolece la implementación del acuerdo con las Farc es de legitimidad, toda vez que la mayoría del pueblo lo rechazó y ahora el Congreso, constituyente derivado, le ha fijado límites que demuestran su desconfianza en lo actuado y los actuantes en ese pacto. Y en tanto juristas, la mayoría de participantes en la posesión sabe que en la democracia la legitimidad de la variable opinión no sustituye la rigurosa exigencia de legalidad de los actos públicos.

Comentarios:

Luis Fernando
2018-04-29 09:40:00

Nos confirma y nos envía un mensaje contundente "TOME LO QUE SE MERECE PUEBLO IDIOTA", un régimen de terror es la JEP, la Jurisdicción Especial para la imPunidad.

Edgar
2018-01-16 07:29:55

Como quien dice, cada uno de los que hayan criticado alguno de los acuerdos de la Habana, cada uno de los que haya votado NO en el famoso plebiscito, cada uno de los que Santos llama "enemigo de la paz", cada cuál vaya organizando sus cosas porque va a ser enjuiciado por esa corte que JM Santos acaba de crear. Y a la cárcel!

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