La nueva rebelión tuvo lugar esta madrugada en la prisión pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, en pleno centro de Manaos, al norte de Brasil, según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas, citadas por medios locales.

La prisión estatal en la que se produjo la revuelta dejó de funcionar en octubre pasado por recomendación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) debido a la superpoblación de presos que había en su interior y a la precaria infraestructura de las instalaciones.

El complejo, que había sido utilizado por el Gobierno de Amazonas durante cien años, fue reabierto esta semana para acoger a cerca de 300 reclusos procedentes de los centros penitenciarios en los que se habían registrado días antes sangrientas reyertas entre facciones rivales.

Entre el 1 y el 2 de enero, el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), también en Manaos, fue el escenario de una revuelta que duró 17 horas y en la que miembros de Familia do Norte (FDN), supuestos aliados de la banda Comando Vermelho (CV), iniciaron una disputa con integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC).

El balance final fue de 56 muertos, la mayoría miembros del PCC, número que se elevó hasta los 60, pues otras cuatro personas fueron asesinadas en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en una zona rural de la ciudad amazónica.

Este episodio obligó al Gobierno de Amazonas a separar a los internos según el grupo criminal al que pertenecían y por eso, se vio obligado a reabrir de emergencia la prisión Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

El viernes ya hubo un intento de motín por parte de los presos transferidos, quienes exigían mejores condiciones y denunciaban la falta de espacio, pero finalmente fue controlado por la Policía brasileña sin mayores consecuencias.

Las autoridades aún no han divulgado el nombre de los fallecidos, lo que ha provocado la desesperación de los familiares de los reclusos, quienes aguardan a las puertas de la cárcel a la espera de más informaciones.

Brasil atraviesa la enésima crisis en su sistema penitenciario, pues otras 33 personas fueron asesinadas el viernes en una cárcel de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.