El país asoma al 2017 retado a resolver problemas descuidados, y por tanto acrecentados, durante 2016.

El nuevo año vino con nuevas tristezas para los indígenas de Cesar y La Guajira. Autoridades del Cesar denunciaron el fallecimiento de una niña por desnutrición. Hasta la tarde de ayer autoridades wayuu habían reportado las muertes de una niña de 11 meses, en Manaure; la de un niño de 18 meses, en Maicao, y la de un niño de 2 meses, hospitalizado en Barranquilla. Estos infantes abren un registro trágico que amenaza acrecentar el del año pasado, cargado de inconsistencias y adobado con elusiones de responsabilidad que ofenden a las familias, la comunidad y la sociedad víctimas de la indolencia de funcionarios nacionales y regionales inconmovibles o vencidos frente tan grave tragedia humana. 

El pasado fue un año atroz para el pueblo wayuu, que no ha conocido beneficios consecuentes con las medidas cautelares que le otorgó la OEA a fin de que se suprimieran las causas de la desnutrición que lo está matando. A pesar de la caución internacional, de brigadas humanitarias sistemáticas e integrales, como las que realizaron la senadora Sofía Gaviria Correa o la Cruz Roja, y por encima del interés mediático por su causa, este pueblo vio morir a 81 niños aquejados por desnutrición, según registros del sistema de salud. Su sacrificio es puesto en duda, con pretensión de minimizarlo, por los secretarios de salud departamental y municipales que pretenden diluir su responsabilidad con la falta de agua potable y acceso a nutrientes, culpando a las familias por buscar los curanderos, que los han aliviado durante décadas, o por no llegar a tiempo a los hospitales. Y peor aún, su tragedia, arriesga ser olvidada en virtud de habilidosas manipulaciones con los datos que el Instituto Nacional de Salud debe recoger, curar y divulgar con rigor y oportunidad. Como ya habíamos denunciado, la entidad, dependiente del Ministerio de Salud, ha encontrado fórmulas para ocultar datos sobre muertes por desnutrición mediante el uso de dos cifras, que publica en forma independiente y no comparable entre ellas: las de muertes de menores de 5 años por desnutrición, de las que dice que fueron 59 el año pasado, entre ellos los 19 que reconoce en La Guajira. A ellas hay que sumar las posibles, pero no comprobadas, de muertes por desnutrición, que ascienden a la aterradora cifra de 303 niños menores de 5 años que según el INS habrían fallecido por déficit alimentario. El documento (ver en https://goo.gl/Y6ygo3) no permite aclarar si entre ellos están los 62 que no aparecen en La Guajira, situación que el país empieza a conocer y a comprender por la valentía de la Asociación Shipia Wayuu, que vigila e informa con rigor sobre el drama de su pueblo.

Otra de las tragedias irresueltas en 2016 es la de los cultivos ilícitos, que según las cifras incompletas publicadas por El Tiempo habrían crecido hasta 130.000 hectáreas durante el año pasado, con crecimiento del 37% frente a las 96.000 hectáreas que la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, Onudoc, documentó en 2016. El crecimiento ocurre en el marco de los compromisos del Acuerdo con las Farc sobre sustitución voluntaria, a cambio de apoyos en formalización de tierras y laboral, de los cultivos ilícitos; los anuncios de fortalecimiento de la erradicación forzosa a cargo de miembros de la Fuerza Pública, y de la política que prohibió la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Como resultado de las nuevas políticas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reconoció que en 2016 apenas fueron erradicadas 17.593 hectáreas de coca, de las 20.000 que el Gobierno Nacional se había propuesto eliminar en un objetivo írrito frente a lo hecho en 2015, cuando mediante aspersión aérea (37.199 hectáreas) y erradicación manual (4.905 hectáreas) fueron intervenidas 42.104 hectáreas de cultivos ilícitos. A pesar de la ineficiencia de 2016, el doctor Villegas hace soñar con que mediante sustitución de cultivos ilícitos -que el Acuerdo de paz obliga a que se concierte con asambleas comunitarias locales- y erradicación forzosa en los críticos municipios de Tumaco, Nariño; Catatumbo, Norte de Santander; Caucasia, Antioquia, y San José del Guaviare (Guaviare), será posible eliminar cien mil hectáreas. Tal resultado sólo se compararía al de 2002, año de inicio del Plan Colombia, en el que las hectáreas cultivadas con coca cayeron de 144.807 (2001) a 102.071 (2002). ¿Repetirá el país esta hazaña en tan diferentes contextos?