El Gobierno minimiza la decisión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Onudc, de ampliar su personal en Colombia. Las cuidadas maneras de la ONU no ocultan el deterioro en la confianza del organismo responsable de controlar los delitos transnacionales, entre ellos el narcotráfico, más cuando la decisión sucede los informes de la Junta Fiscalizadora de Estupefacientes y el Departamento de Estado, coincidentes en registrar el crecimiento de cultivos ilícitos y producción de cocaína en Colombia.

El gobierno Santos tiene sensatas preguntas, que no le son exclusivas, sobre la relación costo-beneficio en la lucha contra las drogas, considerando los grandes costos humanos, ambientales, institucionales y económicos que exige, así como su mediocre impacto en la reducción de consumos dañinos. Por ello, ha acompañado esfuerzos académicos y políticos en procura de las transformaciones, indispensables, en el enfoque de la política sobre sustancias sicoactivas. Esta visión merece el respaldo de la sociedad que ha demostrado dignidad y valentía para combatir poderosos carteles y su huella de horror. Pero en este proceso, el Gobierno está confundiendo el reclamo de liberalización del mercado de drogas y despenalización del consumo con la lucha contra el narcotráfico como actividad criminal. Los equívocos generados por estas actuaciones se padecen en el territorio.

En el período de negociación con las Farc, los cultivos de hoja de coca crecieron en 75% (ver infográfico en contraportada) hasta llegar a su mayor extensión histórica, según el informe del Departamento de Estado para 2016. Este inusitado crecimiento se produce luego de que el Gobierno, tras acuerdo sobre drogas alcanzado con esa organización, asumiera tratar a todos los cultivadores, no sólo a pequeños campesinos en territorios abandonados, como supervivientes a quienes las circunstancias les impusieron la ilicitud, por lo que, consecuentemente, merecen tratamientos benévolos con políticas sociales y acuerdos integrales de desarrollo. Tal visión, tan inexacta como ver a todos los cultivadores como avezados criminales, aclimató la entusiasta renuncia a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, tomada tras generosa acogida gubernamental al estudio de la OMS, desestimado por el organismo y por autoridades europeas, que atribuyó al glifosato calidades carcinógenas no demostradas por la ciencia.

Las consecuencias del debilitamiento en la lucha contra los cultivos ilícitos saltan a la vista con el progresivo reagrupamiento y el enriquecimiento de los carteles de procesamiento y exportación de cocaína (Farc, Eln, bacrim), que en 2015 produjeron, según estimativos institucionales, 495 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, una cantidad que los aproxima a las 660 toneladas métricas producidas en 2006, el año con peores registros de la producción de cocaína. Estos hechos siguen demostrando que los carteles colombianos de drogas, y sus aliados externos, se sienten cómodos con la tolerancia gubernamental hacia la cadena del narcotráfico, así como que confían en la ineficacia de la estrategia de acuerdos locales con cultivadores para la sustitución voluntaria de la coca.

A hoy, y a pesar de múltiples consideraciones y algunos mea culpas, los gobiernos siguen sin atender el mandato de la Sentencia C-221/94 en la que la Corte Constitucional declaró inexequible las medidas prohibicionistas y la imposición de tratamientos a consumidores de sustancias sicoactivas. La ponencia de Carlos Gaviria en este proceso ordenó al Estado diseñar estrategias de educación y salud pública para que los potenciales consumidores asumieran responsablemente el uso de drogas peligrosas. A consecuencia de este vacío en pedagogía y de la laxitud en el porte de dosis mínimas, la prevalencia del consumo de cocaína se duplicó entre los años 1996 y 2013, fecha del último estudio sobre consumo de sicoactivos, y con él crecieron el microtráfico, el narcomenudeo y la criminalidad a ellos asociada, que es de todo menos micro.

Colombia ha vivido orgullosa de sus duras batallas, y grandes victorias, en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Por ellas se ha hecho digna de crédito internacional y ha merecido respeto cuando porta las banderas que reclaman enfoques favorables a la despenalización del uso de drogas y la liberalización del mercado de narcóticos, eso sí acompañadas con medidas de salud pública suficientes. Tan valioso enfoque no debe, no puede, ser tirado por la borda en aras de estrategias equívocas para enfrentar este combustible de la violencia, los daños ambientales y la corrupción.