Un distinguido grupo de firmantes (Jesús Vallejo Mejía, Pedro Medellín, María Claudia Rojas, Carlos Lleras de la Fuente, Rubén Darío Lizarralde y otros más), decidieron remitir una valerosa comunicación al Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y al Senado, para pedir que “no se postulen como candidatos a la Corte Constitucional a personas que hayan tenido vínculos con la actual administración del presidente Juan Manuel Santos, bien sea como funcionarios, asesores o contratistas”.

Y mencionan en su decorosa carta pública, que “no puede esperarse que la Corte asuma su tarea y realice los valores y principios que le están encomendados, si el reclutamiento de sus miembros se realiza en el círculo íntimo del poder, llevando a él personas subordinadas al ejecutivo por vínculo de dependencia y de gratitud a quien los honró con su confianza y lo gratificó con sus mercedes y, menos aún, si contribuyeron a la construcción de las políticas del gobierno (…)”.

¡Bravo! Es que hace rato algunos columnistas venimos reclamando esto y no pocas personas en el país piensan igual. El 18 de julio de 2014, en Caracol Radio, el magistrado de la Corte Constitucional de entonces, Nilson Pinilla, tuvo el coraje de acusar a esa Corte de haberse politizado. Y cuestionó que no hubiera un sistema de convocatorias abiertas para que aspiraran los mejores nombres, a la par que subrayó sin ambages que “no se inscriben los buenos porque las cortes se quedan con el amigo”.

Quince días atrás, el exmagistrado José Gregorio Hernández expresó en entrevista a Margarita Vidal que “las Cortes empezaron a ubicar a defensores de algunos intereses, politizando los procesos de elección, es decir, se cotizó el cargo de magistrado y cada nueva plaza se convirtió en una especie de trofeo político. Primaron: el todo vale, las recomendaciones, los respaldos y el cabildeo”. ¡Así se habla! Y es que tanto el doctor Pinilla como el doctor Hernández, vivieron esa sinvergüenzada desde adentro. Tienen autoridad para hablar.

El 13 de diciembre de 2016, el portal La Silla Vacía, desplegó un titular penoso: “Lizarazo, cerca de ser el cuarto de Santos en la Corte Constitucional”. Y, para variar, ganó Antonio José Lizarazo. Se adicionó en la nota que “desde el próximo año 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos poseerá una influencia que no ha tenido ningún gobierno hasta ahora y que se mantendrá hasta la salida de Alejandro Linares en el 2023: tendrá cuatro magistrados amigos sentados en una sala plena de nueve personas”. Lizarazo, amigo de Santos es también amigo personal de Juan Fernando Cristo, desde hace más de veinte años.

En resumen, estamos fregados con jota. Ya no hay magistrados de altas cortes sino fichas políticas. Hay una postración gigante y humillante, en donde las charreteras del saber han sucumbido frente al respaldo político, dejando atrás las hojas de vida, la trayectoria y el recorrido en la rama. Todo este gigantismo absurdo, termina siendo una pata más de las corrupciones nominadoras y beneficiarias. Necesitamos los concursos de méritos, reivindicar los grandes juristas, hacer públicas las sesiones de postulación y prohibir el lobby para los nombramientos.

Un abogado con derroche de sabiduría y faro de decisiones judiciales notables, hace algunos años fue elegido el mejor magistrado del país. Y me dijo que no arribaba  a la Corte Suprema de Justicia porque no tenía padrinos políticos y que él no era el hombre para rogarles a ellos. Ese es el resumen de que quien no intrigue no llega. Los magistrados más sabios juegan como locales y no llegan a las altas cortes capitalinas, simple y llanamante porque no queman incienso ni provocan actos de lambonería deplorable. Hay que cortar a las Cortes. Hay que cortar estas prácticas politiqueras y corruptas. Hay que cortar, sí, hay que cortar…