Los hechos de corrupción que se destapan periódicamente en Colombia acaparan titulares de prensa de manera frecuente. En 2017, escándalos como el suscitado por la constructora brasileña Odebrecth o el cartel de la toga, continúan mermando los índices de confianza que tienen los ciudadanos en la institucionalidad, además perjudican el desarrollo, la equidad, y la imagen de todo un país frente a la comunidad internacional. 

Para algunos académicos las prácticas de corrupción han estado siempre presentes en la sociedad, y no son el único problema que golpea al país. Para otros pensadores y analistas políticos, sin embargo, los fraudes en el sector público sí son el conflicto más grande al cual se enfrentan los colombianos, y debería ser la propia población la encargada de castigar a los funcionarios que incurren en detrimento del patrimonio público. 

Según el profesor, investigador y coautor del libro titulado 100 preguntas para entender el conflicto armado en Colombia, Mauricio Albeiro Montoya, al decir que la corrupción es el mal más grave que aqueja al territorio cafetero, se replica un mensaje que goza de auge en encabezados periodísticos. “Yo creo que este es un ejercicio exagerado, si revisamos la historia, en la década de 1950, hay un trabajo específico donde se analiza este fenómeno en el régimen de Gustavo Rojas Pinilla. Este trabajo muestra un poco lo que ya se venía gestando en relación con los malos manejos del Estado”. 

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“No es el mayor problema hoy, pero es un conflicto fuerte, nadie lo puede negar, aunque no podemos decir que lo descubrimos recientemente, es un cáncer que ha venido carcomiendo a Colombia desde hace años”, afirmó el profesor. 

A juicio del investigador urbano y escritor, Gregorio Henríquez, la corrupción es el mayor obstáculo existente en la nación para la equidad. De acuerdo con el análisis realizado por este académico, estas prácticas son una forma de violencia, “puede que quien caiga en esta falta no se dé cuenta, pero se ha quedado con los recursos de la salud y de los restaurantes comunitarios y escolares, lo cual quiere decir que hay gente muriendo por cuenta de esta conducta".

Corrupción igual a indiferencia
El profesor Montoya consideró que una de las mayores causales de la corrupción en nuestro país es la indiferencia desarrollada por muchos seres cuando se hallan frente a la posibilidad de obtener la riqueza. “No piensan ocasionalmente en reinvertir esos recursos o distribuirlos. También incide aquí esa falta de veeduría que hemos tenido al interior de nuestras instituciones, y esto da oportunidad para que los avivados saquen provecho de la situación”.

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Este modus vivendi, desde la óptica de Montoya, puede proyectar la imagen de un territorio accesible para quienes pretendan encontrar facilidades extralegales a la hora de realizar negocios o inversiones en la geografía nacional. “Los extranjeros van a decir: con ese grado de corrupción, vamos allá, y con una coima hacemos lo mismo que hizo Odebrecht (obtener adjudicaciones y contratos con el Estado ofreciendo sobornos en los procesos licitatorios). 

En esa afectación propinada a la imagen de los funcionarios colombianos coincidió el investigador Henríquez, dado que “esto disminuye la confianza a la hora de hacer negocios o solicitar préstamos a otro país. Así como en una época todos los que nacíamos en este suelo éramos tratados como narcotraficantes, caer en estas listas internacionales de territorios corruptos, puede implicar mayores dificultades para que un colombiano obtenga un empleo en el exterior o hasta para entregarle una beca a un joven”.

“A la gente se le volvió una costumbre vivir en la corrupción. En las escuelas el tema de la ética pareciera haber sido desterrado, pareciera haber salido de los manuales de convivencia, que dan al estudiante la formación necesaria para denunciar una práctica inadecuada”, agregó Henríquez.  

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De igual manera, el investigador aseveró que aquellas personas indiferentes ante los fraudes públicos “terminan haciendo mucho más daño. No tomar una postura respecto a esta problemática quiere decir que yo estoy permitiendo que suceda, no oponerse a esas malas prácticas es como abrirles la puerta. La gente debe entender que en este momento nadie puede ser apolítico, se deben castigar a los malos funcionarios en las urnas”.

“No vender el voto es fundamental, la persona que hoy te compra el voto con un ladrillo, una teja o un tamal es porque no tiene nada más que ofrecer, y luego no me voy a poder quejar cuando me robe una de estas personas que ejerce un cargo público. Así mismo se debe exigir a los partidos políticos la expulsión de estos personajes de manera definitiva”, puntualizó Henríquez.

Por su parte, el profesor Montoya manifestó que se debe generar conciencia ciudadana para evitar que los señalados por corrupción vuelvan a desempeñar una función pública. “No podemos jugar al castigo político porque cada vez es más mentiroso, teniendo en cuenta lo que pasó en Perú, el presidente iba a ser destituido, pero negoció su permanencia indultando a Fujimori”.

“El ciudadano debería hacer lo que llamamos el voto castigo, puesto que al no frenar este problema, caemos más en la desigualdad, en la pobreza, y en la falta de oportunidades. Es triste ver casos como el de La Guajira, donde no hay ni siquiera acueducto o alcantarillado. La inversión genera unas regalías, pero nunca terminan llegando a quienes más las necesitan”, puntualizó el docente e investigador.