Por allá a principios del siglo pasado Fernando González escribió su tesis de grado titulada como El derecho a desobedecer, y obviamente en esas épocas de bárbaras naciones se le vino el mundo encima y casi que no se puede graduar.

En su reflexión sobre la Desobediencia Civil, en 1848, Henry David Thoreau manifiesta su propósito de no pagar unos impuestos nuevos por considerar que el Estado de entonces los dilapidaba en guerras innecesarias y que además permitía la esclavitud, con lo cual él no estaba de acuerdo. Esta postura lo llevó a la cárcel, pero fue la inspiración de personalidades como Gandhi y Martin Luther King quienes casi un siglo después, con acciones y posturas de no violencia, lograron grandes objetivos a partir de posturas sólidas y disciplinadas contra gobiernos que desatendían o sobrepasaban sus obligaciones a costa de perjudicar a los ciudadanos.

Me dan risa los cantos de sirena, las posiciones de asombro y enojo, las declaraciones exaltadas y llenas de patriotismo de una serie de personajes y personajillos, todos ellos de alto rango, con respecto al tema de la corrupción. Ahora que se habla de la posibilidad de acabar con la figura del Vicepresidente, propongo acabar con la del Auditor General de la Nación, la del Contralor General de la Nación, la del Procurador General de la Nación y la del Fiscal General de la Nación, pues a la luz del tamaño que ha adquirido este flagelo, la presencia por estos cargos durante varios decenios de distintos personajes, ha sido pobre en resultados, y como se dice técnicamente, sus hallazgos y sus realizaciones de impacto, han sido casi nulas. Es más, tal como lo acaba de hacer el Presidente del Perú, se les debería declarar la muerte política por ineptos. En este país ni las medidas simbólicas son traídas a colación para al menos aparentar de que se están ocupando del asunto... pero ni eso siquiera. Algunas medidas tomadas por el Presidente del Perú, son: 1) Revisión de la planta de cargos actual del Despacho Presidencial. 2) Instrucciones directas a los Ministros para que evalúen a profundidad a los funcionarios a su cargo. 3) Presentar Proyecto de Ley para declarar la muerte política a los corruptos, lo cual implica que jamás podrán volver a ocupar cargos públicos. 4) Establecer una coordinación entre los tres Poderes del Estado para realizar acciones conjuntas contra la corrupción. 5) Creación de la Comisión Presidencial para la integridad.

Plausibles o no, contundentes o no, efectivas o no, al menos se ve una intención por hacer algo.

Sin embargo, y para el caso colombiano, mientras tengamos un aparato de justicia que en su integralidad no merece respeto ni acatamiento, pues la cosa es muy de para arriba. Cárceles hacinadas, niveles de impunidad en la estratosfera, oportunidad inexistente, justicia mediática y credibilidad en el subsuelo, no son un buen escenario para iniciar una campaña orientada a erradicar el flagelo de la corrupción.

Ahora bien, esta campaña debe tener el respaldo absoluto de la ciudadanía, castigando a los sindicados no votando por ellos y aunando pruebas para que sean investigados hasta sus últimas consecuencias.

Alguien pedirá la pena de muerte, otro la extinción de dominio plena sobre los bienes de los implicados, otros el escarnio público, otros, cadena perpetua.

Si desde el fondo de los corazones y con plena conciencia, los ciudadanos no rechazamos de tajo, de un todo y por todo este tipo de comportamientos, pues no pasará nada. Es el ejemplo de los padres, de los maestros, de los policías, de los personajes importantes y de los personajes influyentes en cualquier ámbito, lo que permitirá servir de faro, como relámpago de luz que alumbra la oscuridad por la que estamos pasando.

Insistimos en la necesidad de que Medellín cuente con un adecuado escenario de espectáculos públicos.