La investigación que adelanta la Contraloría General sobre los malos manejos y el descomunal desfalco de Reficar han puesto la alerta -¡de nuevo!- sobre los altos niveles a los que está llegando la corrupción en Colombia. Además de lo que significa por sí mismo, dicho escándalo ha hecho que los medios y la ciudadanía abran los ojos y se percaten de la avanzada metástasis de este cáncer social. No hay un día en que no aparezca en la prensa algún caso grande o pequeño de corrupción.

Hace una semana fue el día internacional de lucha contra la corrupción... Es un problema que me trasnocha por su inmensa gravedad. Lo he tocado en varios escritos y he trabajado en él directamente. Quizá ya sea cansón, pero no cesaré jamás.

La corrupción es un fenómeno social dinámico de gigantesca envergadura que enturbia todos los ámbitos territoriales y que tiene múltiples caretas tanto en el sector público como en el privado, y entre ambos en confabulación. El daño que causa a la ciudadanía es inmenso debido a que el Estado no llega como debiera llegar, en especial a los más pobres porque además su voz es débil o desconocen sus derechos. El ejemplo más dramático son los niños cuya alimentación escolar no alcanza o es incipiente porque sigue alimentando carteles de corruptos.

Luchar contra la corrupción tiene varios momentos y acciones que se deben adelantar simultáneamente y por varias entidades y sectores según sus competencias y posibilidades. Esos momentos son la prevención (educación temprana, cambio cultural, transparencia, capacitaciones, controles, mapas de riesgos, leyes…), la denuncia, la investigación, la judicialización y la sanción ejemplar.

Varias instituciones tienen por ley la competencia directa de luchar contra la corrupción y perseguir los delitos que la concretan, instrumentalizan y encubren: Fiscalía, jueces y organismos de control, entre otras. También el Gobierno Nacional y el Congreso con la expedición de normas de verdad eficaces y no al por mayor para la galería. Sin embargo, es deber de las autoridades de todas las ramas y en los diferentes niveles territoriales, de los medios y de la ciudadanía coadyuvar en esa lucha.

En todas partes “se habla” de corrupción, se descubren y denuncian hechos y se inician procesos, pero la percepción general y la realidad es que no avanzan los procesos judiciales y no se condena, o que hay lentitud que muchas veces desemboca en la prescripción de los casos, es decir, en la impunidad que atrae más corrupción. Esto pese a que conozco funcionarios -en especial de la Fiscalía- probos, esforzados, casi unos héroes que con muy pocos recursos y apoyo logran excelentes resultados.

Esa impunidad forma un círculo vicioso: más corrupción que genera mayor pérdida de recursos públicos, menor calidad de vida para los ciudadanos y el muy grave crecimiento de la desconfianza de estos hacia el Estado con perniciosas

consecuencias: El avance de la desinstitucionalización y del delito que afecta gravemente la convivencia ciudadana y alimenta la criminalidad individual, la delincuencia común y los grupos ilegales organizados.

Cuando no hay credibilidad en el Estado la gente recurre a otros actores por fuera de las instituciones para dirimir sus diferencias y, como se ha visto, hasta para la ejecución de obras por parte de grupos ilegales que buscan ganarse la confianza ciudadana para obtener poder y ejercer sus actividades ilícitas, lo cual termina fortaleciéndolos.

Con la vía libre para la implementación de los acuerdos de La Habana llegarán cuantiosos recursos de cooperación internacional al país, al igual que habrá altas inversiones nacionales en zonas con casi nula cultura del manejo de dineros públicos.

Sin dichos recursos construir la paz será imposible. No cuidarlos con suma delicadeza simple y llanamente podría dar al traste con este inmenso esfuerzo. La corrupción es un grave enemigo de la paz, casi tan grave como los atentados a la integridad personal de los líderes sociales y de los miembros del nuevo partido que formen las Farc.

Sí señores y señoras: Y la corrupción ahí…