Controles en servicios públicos

Autor: Carlos Alberto Atehortúa Ríos
19 mayo de 2017 - 12:02 AM

En el país se deben generar las condiciones para la transformación del control en servicios públicos

Un tema siempre vigente en materia de servicios públicos es el relativo al sistema de controles que se ejerce sobre la actividad que desarrollan las empresas, la forma como se administran los recursos públicos, la calidad y continuidad en el suministro de los servicios y las actividades que desarrollan las personas que laboran en las entidades encargadas de la prestación de los mismos.


Por eso sobre una empresa operan no menos de siete sistemas de control a saber: el político, el fiscal, el jurídico de legalidad, el interno, el de policía administrativa en protección de los usuarios y de la competencia, el social que ejercen los ciudadanos y el de los usuarios a través de los comités de desarrollo y control social, sin embargo, no resultan suficientes o no producen los efectos esperados. 

Sin duda no se ha andado con la misma dinámica en materia de liberalizaciones y privatizaciones que en materia de controles, tanto de los bienes públicos, como de los derechos de los usuarios, por eso, el tema está haciendo crisis y en lugar de plantear la transformación de los controles, por el contrario, en casos como el del control fiscal, la propuesta que hace carrera es la de suprimir esta modalidad del control local, para entregar esa competencia a autoridades nacionales.
 

Lea también: El control fiscal y su futuro inmediato

Contrario a la propuesta que se ha presentado de nacionalizar el control fiscal, esta modalidad de control debe mantenerse en manos de autoridades con responsabilidades locales, que tengan inmediación a las críticas y propuestas sociales y en lugar de distanciarlo de los ciudadanos, lo que debemos es fortalecerlo a través de la participación ciudadana, la publicidad de las empresas y la utilización de tecnologías de la información. 

Con la transformación en la administración pública, el paso del Estado funcional al Estado gestor, la apertura, la liberalización y la competencia en materia de servicios públicos y con la transformación del régimen de democracia representativa, en democracia de participación, que ha permitido una mayor vinculación del sector privado en asuntos públicos, era de esperar una transformación sustancial en el ejercicio del control, pero esto no ha sido posible, las nuevas realidades se controlan con instrumentos propios de otras épocas y por lo tanto no responden a las necesidades actuales.

En medio de diferentes escándalos públicos y protestas ciudadanas debe abrirse la puerta a una discusión colectiva sobre la eficiencia del actual sistema de controles y en particular sobre sí esquemas como la protección de los usuarios a través de una autoridad nacional, como la superintendencia de servicios públicos, responde a las realidades nacionales. 
Se trata de un tema muy sensible para los organismos de control, las empresas y los servidores de las mismas, pues debe logarse un equilibrio muy complejo, que le permita a los ciudadanos velar por la protección del patrimonio público y por la garantía de obtener servicios de calidad y a las empresas que el control no se les convierta en una barrera que les impida competir con otros prestadores en condiciones de igualdad.

Leer también: Futuro de los controles sobre la administración pública


No obstante que desde 1994, en el trámite y aprobación de lo que es la Ley 142, se previó que el tema es de sustancial importancia, en realidad no se encontró un mecanismo adecuado que lograra el equilibrio deseado y en la práctica no se hizo una avance significativo en esta materia, y como resultado del mismo, se mantuvieron los esquemas convencionales, que no son los adecuados para controlar actividades en competencia y mucho menos para controlar a particulares que administran recursos públicos estatales.
En el país se deben generar las condiciones para la transformación del control en servicios públicos, de tal manera que se adecue a las realidades institucionales, en el que primen modalidades de control ampliamente participativo, la publicidad en condiciones de igualdad sea la regla y la aplicación de las tecnologías de la información un instrumento irrenunciable; la transformación del sector debe tener como contrapartida la mutación de los mecanismos de control y esta es una tarea que apenas estamos empezando.
 

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