El reto más grande del posconflicto es atender la principal causa del conflicto armado sexagenario: la ausencia o muy precaria presencia institucional en un porcentaje alto del territorio nacional. El Estado fue incapaz de ejercer los tres monopolios que lo caracterizan como el gendarme de toda la sociedad: el monopolio de la fuerza, el monopolio de la justicia y el de la tributación. Si esa impotencia se presenta en importantes zonas urbanas, qué diremos de las zonas rurales. En muchas de esas zonas (no hay un cálculo exacto, pero por lo menos es el 10% del territorio rural) la ausencia del Estado es total, mientras en otros lugares la presencia es compartida con estructuras ilegales. Ambas situaciones son muestra de incapacidad. Incapacidad para actuar como Estado legítimo, eficaz y eficiente.

En más de 200 años de existencia como república, no pudimos construir un andamiaje institucional que nos configurara como nación, porque la violencia se impuso como forma de mediación entre quienes se enfrentaban por el tipo de Estado a construir. La virulencia que caracterizó la relación entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, matizada por la discusión entre centralismo y federalismo, nos condujo a la imperfecta institucionalidad disponible hoy. Puede que tengamos la fuerza pública más profesional de SurAmérica, como dicen tirios y troyanos, pero desde hace más de 6 décadas las armas las enarbolan colectivos que actúan como organizaciones en procura del poder político o la riqueza económica. Más de 8 millones de víctimas es un parcial balance. Puede que tengamos una pléyade de juristas con reconocimiento internacional, pero uno de los frentes más fracasados es el de la justicia medida por los escandalosos niveles de impunidad. Puede que nuestros Ministros de Hacienda culminen su gestión como los más reconocidos de la región, dando saltos hacia las cúspides de los organismos económicos internacionales, pero la desigualdad de ingresos nos tiene derrotados. Con la Constitución del 91 se reforzaron las ias y se multiplicaron las leyes y normas para luchar contra la corrupción, pero hoy nadamos en ella. La política, como condensador de la expectativa ciudadana, es un desastre, no es el aliciente para concebir un futuro.

Lea sobre debilidades institucionales

La relación conflicto armado y Estado la describió muy bien James Robinson citado recientemente por el columnista de EL MUNDO Guillermo Maya “la clave del conflicto es la deficiencia del Estado, su ‘derrumbe parcial’: el ‘elefante en la habitación’ del conflicto colombiano es la forma como el Estado se organiza y funciona –o no funciona–”. “Arreglar el ‘derrumbe parcial’ no es fácil. Es un reto político. (…) Mucha gente en Colombia se beneficia del ‘derrumbe parcial’. Por esto es tan difícil que cambie (…) ¿por qué un Estado colombiano (…) sería capaz de implementar un ‘desarrollo rural comprehensivo’ cuando ha fallado en hacerlo por décadas? ¿Lo logrará solo pasando más leyes? Pues no se puede confiar… ¿Por qué el Gobierno y las Farc firmaron semejante acuerdo que ignoró el elefante en la habitación? Creo que es porque el Gobierno no está interesado en cambiar a Colombia. Las élites políticas colombianas tienen la narrativa de que Colombia es un país exitoso y que han tenido mala suerte”. En conclusión, “si no hay nada mal, no hay nada que arreglar y, por eso (…) no hay necesidad de pagar impuestos si no es necesario transformar el Estado (…)”.

Mientras decidimos qué hacer con el tipo de Estado que tenemos, hay que resolver qué hacer con los vastos territorios que estuvieron a merced de las Farc durante mucho tiempo. La preocupación es generalizada, con razón. ¿Si el gobierno demostró su incapacidad para atender con oportunidad la necesidad de construir los campamentos de ubicación de la guerrilla camino a su desmovilización, qué diremos de asumir el control territorial y evitar la presencia allí de otros protagonistas armados ilegales? Control que se derivaría de una presencia integral de la institucionalidad, para resolver necesidades largamente aplazadas, con inversión social y seguridad.

Lea sobre las expectativas para el posconflicto

El gobernador de Antioquia entendió la magnitud del problema y asumió el reto de actuar con prontitud, acorde con su obligación constitucional de velar por todo el territorio de su jurisdicción, de la mano de los mandatarios locales, mientras el gobierno nacional se pellizca. De allí su iniciativa de los cuerpos de paz y expertos en convivencia y seguridad, conocida como vice alcaldías, aplaudida por las Naciones Unidas a través de Jean Arnault, jefe de Misión y las Farc a través de Pastor Alape. Por algo es mejor atajar que empujar.