En la noche del domingo, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció la sanción por $217.000 millones que le impuso la Contraloría de Bogotá tras una investigación iniciada en 2012 que lo halló responsable de detrimento patrimonial a TransMilenio, por el subsidio producto de la rebaja de tarifas en horas valle. Al dar carácter político a una decisión fiscal, el doctor Petro posa de víctima del “sistema” y evita la discusión sobre estos y otros errores objeto de control fiscal o disciplinario.

En su defensa, el doctor Petro ha intentado promover la bondad y conveniencia estratégica de la decisión que tomó por decreto, o sea sin contar con el análisis y concepto del Concejo Distrital, órgano desconocido a lo largo de su Gobierno. Las potestades del alcalde de Bogotá están delimitadas en el Decreto 1421 de 1993, sobre el régimen especial del Distrito Capital. Aunque ellas son semejantes a las que tienen los gobernadores, no existe en la norma aparte que permita el establecimiento de subsidios de transporte. Significa, pues, que, a pesar de tener origen ideológico alternativo y ser elegido popularmente, el alcalde de una ciudad no puede definir el modelo económico o dictar políticas nacionales, como fue aspiración manifiesta del doctor Petro.

Ha explicado el sancionado que la modificación de la tarifa está inspirada en las mismas razones que orientaron la decisión de modificar el sistema de recolección y manejo de basuras en la capital, o sea en su disgusto con el modelo constitucional y legal que determina que las empresas prestadoras de servicios públicos deben ser autocosteables, filosofía que él llama “neoliberal” y contra la que esgrime una sustentada en subsidios y alivios, que, por supuesto, deben ser asumidos por otros miembros de la sociedad. La que se propone en esta materia es una discusión de la mayor profundidad y complejidad, que tiene importantes antecedentes en el fracaso de muchas empresas municipales, así como hondas implicaciones en la política económica. Por su impacto fiscal y económico, así como por su carácter modificatorio del sector de servicios públicos, la fijación de las tarifas no es un problema que un alcalde, así sea el de Bogotá, deba resolver pasando por encima de la normatividad nacional sobre servicios públicos y atribuciones de los gobernantes municipales.

La otra amplia frontera que el doctor Petro ha anunciado que buscaba romper es la de la tarifa de transporte masivo como estimulante de que los ciudadanos abandonen el uso de motos para volver a los sistemas masivo o público que, considera el exalcalde, abandonaron por su costo. Las estrategias convenientes para incentivar el abandono de las motos como medios de transporte de pasajeros en la ciudad son de máxima importancia, habida cuenta el impacto que la mayor presencia de motos en las vías tiene en la accidentalidad, la contaminación del aire -en la que Bogotá y Medellín están a la cabeza por el combustible- y la sobreocupación de las vías, que genera severas restricciones en la movilidad, especialmente la del transporte público. Que se reconozca la necesidad de actuar para contener las motos no implica que se tenga que escoger la reducción de tarifas, como dice el exalcalde, omitiendo discutir en los escenarios adecuados, o sea en el Congreso, alternativas como la creación de impuestos o sobretasas específicos.

Las decisiones tomadas en cuatro años del Gobierno de Gustavo Petro que han causado escozor en la Contraloría Distrital y la Procuraduría General de la Nación son actuaciones contra el modelo de colaboración armónica, que fija potestades a cada poder para así garantizar que no haya acciones arbitrarias ni improvisadas, fruto de subjetividades, sino decisiones tomadas en consenso tras deliberación por las instituciones legislativas, ejecutadas con transparencia por los gobernantes y revisadas con imparcialidad por los organismos de control. Las razones que él tuvo fueron de orden económico, y las loables de la lucha por la equidad. Distante en ideología y partido, el doctor Santos no se ubica muy lejos del exalcalde cuando lidera la fuerte presión a la Corte Constitucional para que decida según las conveniencias del Gobierno, y no sobre la Carta Política, en la grave materia de vigencia del Acto legislativo para la paz. Tampoco se distancia cuando se propone empujar al Congreso para que tramite a toda velocidad, y sin debate, el paquete de casi 135 reformas constitucionales y legales que sólo así satisfarían la ambición de las Farc.