"Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, es el aforismo que se puede  utilizar perfectamente en el fuerte debate nacional y regional entre el control fiscal territorial y el contralor General de la República por las intenciones del funcionario capitalino de proponer eliminar las contralorías departamentales y las municipales, y apoderarse en forma centralista de la función de vigilancia sobre los  recursos públicos seccionales y locales.
Y ese adagio lo están esgrimiendo en las regiones para preguntarle al contralor Edgardo Maya Villazón dónde estaba la Contraloría General de la República en los gravísimos y dolorosos escándalos que han marcado la corruptela pública colombiana  en casos como El Guavio, Termorio, el miti miti, Saludcoop, Dragacol, Incoder, Estupefacientes, Regalías, Foncolpuertos, Reficar o Caprecom, y no mirar en su propio ojo y sólo atacar al control fiscal territorial, como consecuencias de algunas ovejas negras, no todas, para generalizar que todas no cumplen su labor, lo que no es completamente cierto, pues de lo que se trata no es de suprimirlas, sino de la necesidad de fortalecer el control fiscal territorial.
En todos los departamentos se ha producido una fuerte y colectiva reacción en contra de acabar el control fiscal público en lo regional y municipal,   y Antioquia no ha sido la excepción.
En este departamento funcionan sólo cinco contralorías. La General del departamento y las municipales de Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. Y los titulares de cada una de ellas se reunieron recientemente para enfrentar la problemática y amenaza que surge con la propuesta centralista.  
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, convocó a congresistas antioqueños para analizar y reflexionar sobre el problema y los legisladores estuvieron totalmente en desacuerdo con las intenciones del Contralor General de la República, pues es un peligroso atentado a la autonomía regional, que hace parte de un precepto constitucional.

Con plantón
Por su parte, la Asociación de Empleados de la Contraloría General de Medellín, Asdecomm, se declaró en alerta y además de expedir un sesudo documento sobre la trascendencia del control fiscal, sus integrantes realizaron un plantón en pleno centro de la ciudad, en las afueras del edificio Vicente Uribe Rendón, donde quedan las oficinas de la gerencia para Antioquia de la Contraloría General de la República.
El contralor antioqueño Zuluaga Peña fue muy enfático en que el debate debe centrarse en que la defensa del control fiscal, es también la defensa de la descentralización administrativa y política y de que todos los territorios tengan su propia autonomía, no sólo en lo fiscal sino en el manejo de su propia estructura administrativa. 
“Atentar contra las contralorías departamentales y municipales es atentar contra ese principio que ya se había ganado tras muchas batallas que se han dado en Colombia por la descentralización administrativa, lo que sería un retroceso mayúsculo”, reflexionó.
En su concepto, el control territorial se debe hacer por personas que conocen y entiendan las regiones, lo que no podría hacer con burócratas desde Bogotá.
“Qué va a entender un bogotano allá sentado cómo es el contexto social, político, regional y geográfico de las regiones”, dijo.
Tanto los congresistas como los contralores en Antioquia estuvieron de acuerdo en que la Contraloría General de la República no tiene la capacidad de asumir el control territorial, y si se comete ese error estaría formándose un gran monstruo burocrático.
Coincidieron en que las críticas que se le hace al control fiscal territorial de que no sirve porque no es efectivo, también le cae a la Contraloría General de la República, que con todo el aparato que tiene no es capaz ni de controlar a Bogotá.
“Todos los grandes entuertos y todos los grandes  escándalos de corrupción del país le ha tocado  vigilarlos a la Contraloría General de la Nación y no ha hecho nada sobre ellos. Odebrecht es ante todo un caso centralista o también el del Túnel de La Línea que ha costado seis veces más del valor inicial. Y dónde estaba la Contraloría General de Colombia”.

Sin argumentos de peso
Para los empleados agremiados de la Contraloría de Medellín la propuesta de supresión de las contralorías territoriales no tiene argumentación de peso, sino demasiadas imprecisiones y los informes con cifras que señalan los pocos logros de control fiscal, fueron puestos allí de manera calculada y orientadas a crear confusión.
“Además, no coinciden con la realidad del quéhacer de los organismos de control. Si fuera neutral y objetivo el informe de la auditoría general, presentaría los resultados de la Contraloría General de la República a la par con los resultados de las Contralorías territoriales, tratando de demostrar las bajas cifras de las territoriales en relación con la recuperación de dineros públicos.
Lo anterior, enfatizan, desconoce de manera amañada que los grandes escándalos de corrupción administrativa, delitos penales y disciplinarios se encuentran en las entidades del nivel nacional las cuales son sujetas de vigilancia por parte de la Contraloría de la República.
Y consideran que la propuesta de reforma presentada por Edgardo Maya Villazón, peca por timidez, si se trata de ahorrar recursos del Estado eliminando instituciones inútiles, pues  estarían primero en capilla otras que han demostrado desde hace mucho tiempo su ineficacia. Por el contrario, agregan, su propuesta constituye un golpe contra uno de los ya maltrechos principios fundantes del Estado: la autonomía territorial.