La Contraloría General de la República ha informado de ?hallazgos fiscales? por el uso que Electricaribe, bajo control de Unión Fenosa, dio a $78.500 millones provenientes de subsidios del sistema eléctrico a los 600.000 usuarios de energía de la Costa Caribe que pertenecen a los estratos 1 y 2 y que tienen garantía de su acceso al servicio de energía gracias a ese subsidio.

Lea sobre la auditoría realizada

La identificación de este fraude es el más notorio resultado de una auditoría realizada a la operación anterior de Electricaribe, empresa que hoy es gestionada por un agente especial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Este análisis reviste la mayor gravedad toda vez que señala abusos con subsidios pagados con contribuciones definidas para ofrecer equidad en el acceso a los servicios públicos, pero también porque desmiente la socorrida excusa de una compañía que endilgó a la indisciplina de los usuarios su incapacidad para gestionar sus finanzas, modernizar su infraestructura y ofrecer el servicio que adquirió la obligación de prestar.

Lea sobre la intervención a Electricaribe

La acción de la Contraloría es apenas el primer tramo del trabajo que corresponde a ese despacho y a los otros entes de control y que debe conducir a reconocer y sancionar a quienes en la operación de Electricaribe abusaron de la confianza del Estado y pusieron en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica para 2?100.000 usuarios de los 9 departamentos de la Costa Atlántica. Por otra parte, ese informe de auditoría se constituye en valioso espaldarazo a la valiente Superintendencia de Servicios Públicos, que en noviembre de 2016 inició la intervención de Electricaribe y el pasado mes de marzo ordenó su liquidación, una determinación que demostró necesaria después de que constatara el desorden interno y la imposibilidad de asumir los gastos necesarios para darle capacidad de prestar el servicio que los clientes tienen derecho a recibir. Obviamente, estos hechos suman argumentos para desestimar las presiones y amenazas del contratista aprovechado contra el Estado que defiende a sus ciudadanos.

Vea sobre la decisión de liquidar a Electricaribe