La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, al derrotar este miércoles la ponencia de la magistrada Ángela Hernández que daba vía libre a la Registraduría Nacional del Estado Civil para resolver el proceso revocatorio del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha determinado con claridad su competencia para estudiar este caso y anticipa el sentido del fallo definitivo que, seguramente, concederá la razón a los argumentos de la defensa del mandatario distrital en el sentido de que las razones que motivaron la convocatoria del proceso revocatorio no están basadas en el incumplimiento de su programa de Gobierno, sino que se trata de una acción de revanchismo político.

Estamos de acuerdo con este planteamiento respecto del cual vale añadir que un año, dentro de un periodo de cuatro, es un lapso muy corto para evaluar el cumplimiento o no del Plan de Gobierno, cuya conveniencia ya se debatió en el proceso electoral y que no puede venir a cambiarse así nada más, de la mano de un mecanismo tan maleable que sirva para revivir diferencias políticas.

En el caso del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lo último de lo que se le podría acusar sería de no tener ejecutorias para mostrar, pues su agenda de trabajo ha sido tan amplia que ha podido, incluso, darse la pela de enfrentar cuestiones tan complejas como, por ejemplo, la intervención en el Bronx, hace precisamente un año.

Una iniciativa tan audaz, en el escenario de la revocatoria de marras, terminaría por convertirse en un suicidio político cuando, por el contrario, debería sumarle al asombro que generaron los horrores encontrados allí, la admiración por haber logrado recuperar a 500 de las 2.000 personas intervenidas, un logro de proporciones frente al abandono estatal que la zona padecía y que, por desgracia, muchos preferirían que siguiera oculto, a pesar de todas las violencias posibles que allí tenían lugar.

Ciertamente, el proceso de revocatoria necesita modificaciones, pero no puede ser manejada como estrategia para deslegitimar las elecciones y desestabilizar los periodos de gobierno de alcaldes o gobernadores.