La decisión del alto tribunal se da en atención a hechos ocurridos en el años 2008, donde fueron asesinados tres jóvenes que posteriormente fueron reportados como miembros de grupos al margen de la ley.
El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar $2.500 millones de pesos a los familiares de tres jóvenes de Cali, los cuales fueron víctimas de los denominados falsos positivos en la vereda Potrerillos del municipio de Ibagué, así lo informó mediante un comunicado.
El alto tribunal estableció que Ministerio de Defensa y Ejército Nacional son responsables por el daño causado con la muerte violenta de estos ciudadanos, ocurrida el 28 de febrero del 2008.
El expediente señaló que “los jóvenes fueron conducidos a Potrerillos por medio de engaños de un desmovilizado de la guerrilla del ELN, quien los contactó en un barrio de la capital vallecaucana, invitándoles a desenterrar una guaca en la que el dueño de una finca supuestamente escondía un dinero bajo la promesa de compartir el botín”.
El hecho se llevó a cabo en la hacienda Los Mangos, la cual, según señaló el Consejo de Estado, “llevaba dos días ocupada por miembros del Batallón CR. Jaime Rooke del Ejército Nacional, quienes los atacaron con armas de fuego, les dieron muerte y los presentaron como integrantes de grupos del crimen organizado sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño del inmueble”
El tribunal concluyó que las víctimas habían muerto por disparos producidos a muy corta distancia y agregó que para la sala no fue posible probar que estos pertenecieran a grupos armados ilegales.
Por todo lo anterior se ordenó reparar moral y materialmente a los familiares de los muertos y se impartieron medidas de resarcimiento no monetarias, que van desde cursos de formación en derechos humanos a las unidades militares hasta un acto público de reconocimiento de responsabilidad, en el cual el ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y el Batallón de Infantería No 18 “CR Jaime Rooke del Tolima deberán ofrecer excusas a la comunidad del barrio ‘Los Chorros’ en Cali, donde residían estas tres personas.
La comunicación concluye señalando que se enviará copia de la sentencia a la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar para que, en caso de encontrar mérito, adelanten las actuaciones den curso a las acciones correspondientes.