El refrigerio escolar que brinda el Gobierno para los colegios no llega a todos los niños de Antioquia, ni siquiera a la mitad de estos, si no a 268.796 menores quienes hacen parte de comunidades vulnerables.

El refrigerio que financia el Gobierno Nacional debe ser entregado de manera prioritaria a población víctima del conflicto, discapacitada, afro y rural. Si sobran cupos se entregan a los niños que estén en los niveles 1 y 2 del Sisbén.

Pero, en lo corrido del año, en varios municipios del departamento no se ha garantizado la llegada de los recursos a estos menores priorizados y aunque el Gobierno Nacional ya giró el dinero, el programa apenas comenzaría a funcionar de nuevo el 1 de septiembre.

La demora en la entrega de recursos, que hacen parte del presupuesto del Sistema General de Participación (SGP), ya había sido denunciada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y por los 23 alcaldes de la región del Suroeste antioqueño, quienes dirigieron una carta al Ministerio de Educación Nacional para demandar recursos. Adicionalmente, el secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonett, reveló que han disminuido los recursos para la educación en general, incluyendo el presupuesto para transporte escolar que también debe ser girado por el Gobierno Nacional.

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El pasado 28 de julio, el gerente de Maná, entidad encargada de la seguridad alimentaria y nutricional del departamento, que maneja los recursos del PAE, fue notificado de que el Departamento de Planeación Nacional giró a Antioquia unos $18.705 millones para financiar el programa por el resto del año.

De acuerdo con Hugo Alexander Díaz Marín, gerente de Maná, este dinero “cubre las necesidades de acuerdo a la focalización. Pero se disminuye en las cabeceras municipales entre el 9% y el 20% en casi todos los municipios de la cobertura respecto al primer semestre del año”.

Díaz Marín agregó que para el periodo de enero a junio “se contrató casi en su totalidad con relación al año pasado. En 29 municipios se hace una disminución por criterios de focalización”. 
Con el reciente giro, según expuso el gerente de Maná, quedó resuelta la financiación del PAE en el segundo semestre en Antioquia y comenzó el trámite para pedir los recursos del 2018.

“Vamos a agilizar el trámite porque, de acuerdo al plan de acción, nuestra intención es presentar proyectos de vigencia futura el 1 de septiembre a la Asamblea Departamental para que en el mes de octubre estemos firmando con todos los alcaldes y ellos tengan los tiempos suficientes para realizar los procesos contractuales entre noviembre y diciembre, y que podamos comenzar la atención de los niños el año entrante con el calendario escolar”, explicó Díaz Marín.

En este sentido, el diputado Norman Correa Betancur llamó la atención pues “por los trámites nos estamos demorando en responderle a la gente en las comunidades, en los municipios de Antioquia y eso es por mal diseño institucional. La verdad es que hoy, como estamos manejando la educación y la salud, que dependen del Gobierno Nacional, cada vez estamos más deficitarios y no estamos garantizando el derecho a la educación a los niños de Antioquia”.

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Asimismo, el gerente de Maná señaló que si el Gobierno Nacional no aumenta el presupuesto para el otro año van a seguir quedándose niños sin el refrigerio, “porque como el Ministerio no aumenta los valores desde el 2015, cada año aumenta el costo de la ración y por ello disminuyen los cupos”.

Impacto en los territorios

Antonio de Jesús Castaño González, alcalde de Ciudad Bolívar y uno de los firmantes de la misiva para reclamar recursos para el PAE, señaló que en su municipio están atendiendo un 60% de los jóvenes que atendían en 2016 con recursos de propios y de la Gobernación.

“Los recursos del Gobierno Nacional no han llegado, los estudiantes siguen sin alimentación. Entonces nosotros nos gastamos la plata que teníamos en los municipios. Lo mismo para rutas escolares. Eso es sumamente delicado, porque la calidad de la educación depende en buena medida de que tengamos rutas escolares para que los jóvenes se desplacen de la zona rural a la urbana. Aquí nunca vamos a tener calidad educativa, nunca vamos a salir del subdesarrollo porque francamente no tenemos las cosas básicas”, subrayó el mandatario.

Ana Ligia Mora Martínez, diputada de Antioquia, quien ha hecho seguimiento al funcionamiento del PAE, argumentó que aunque es bien sabido que el Gobierno tiene problemas presupuestales, estos recursos no deben sacrificarse.

“En la ruralidad uno ve que esa ración de alimentación hace la diferencia. Es muy poco pero hace que el niño se motive a ir a estudiar, porque la realidad es que uno de los motivos de deserción escolar es la pobreza. Creo que el Gobierno debe hacer un esfuerzo porque nuestros niños y nuestra juventud no deben sacrificarse. Si estamos hablando de calidad educativa, estamos pensando en tener jornada única, lo básico es tener alimentación”, afirmó Mora Martínez.

No hubo sobrecostos por el paro del magisterio

Hugo Alexander Díaz Marín, gerente de Maná, señaló que muchos de los contratos para el suministro de la alimentación escolar vencieron un día antes de que empezara el paro, entonces no se vio afectada la ejecución de los contratos. 

“En los municipios donde sí se vio afectada, se hizo un análisis de cuántos niños fueron atendidos en esos días y se determinaron las raciones utilizadas y las no ejecutadas. Con las raciones que no se entregaron en esos días se hizo una prórroga del contrato para atender más días a los niños. En los municipios donde no hubo ejecuciones, se corrió la ejecución y se presentó la atención normalmente”.

Díaz recalcó que la prórroga de los contratos es una ampliación de plazos que no implica adición de recursos. Por lo que en ningún caso hubo sobrecostos.