La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) afirmó este miércoles que la "consulta popular" que la oposición de ese país impulsa en rechazo a la Constituyente tiene plena "legitimidad", mientras el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que la nueva Carta Magna incluirá mayor regulación de precios en la economía.

Los obispos venezolanos lamentaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya convocado para el 16 de julio un simulacro de la votación en la que debe elegirse, el próximo 30 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente, ya que ese mismo día la oposición llevará a cabo un referendo sobre el mismo proceso. La iglesia católica calificó esta medida como una "provocación por parte del Gobierno y del CNE", y advirtió del riesgo de que provoque "lamentables conflictos" en las calles del país.

Por su parte, Maduro anunció este miércoles que en la Carta Magna que debe surgir de la Constituyente se incluirán mecanismos para establecer mayor regulación de precios en la economía del país, como otro de los beneficios que, según él, ofrece la Constituyente. "La primera acción que debe hacer la Constituyente es encarar directamente la guerra económica", afirmó.

El gobernante dijo estar preparando "una ley constitucional" que le dé "poder para enfrentar a todos estos especuladores", y así restituir "el equilibrio". La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera que la Constituyente es un intento del chavismo de mantenerse en el poder y rechaza su legitimidad democrática por no haber sido sometida a un referendo consultivo previo.

En consecuencia, dirige una votación alterna y para el próximo domingo ha convocado a una "consulta popular" sobre el apoyo o rechazo a la Constituyente, la posición de las Fuerzas Armadas frente a la defensa de la Carta Magna, y para opinar sobre un llamado a elecciones generales.

A pesar de que la consulta no cuenta con el aval del Gobierno ni del Poder Electoral y, por ende, su logística está a cargo de los mismos opositores, la MUD ha asegurado que los resultados serán "confiables". Así lo garantizó el encargado de logística del proceso electoral, Edison Ferrer, que destacó que está "bien organizado".

Ferrer aseguró que el referendo demostrará "la madurez de los venezolanos" y su capacidad para organizar "una protesta pacífica, pero contundente". Sin embargo, la propia oposición ha reconocido que no tiene mecanismos para impedir que cada ciudadano vote más de una vez, y que confía en que no se cometerán fraudes.

Según Ferrer, tras las votaciones habrá tres auditorías en las 14.303 mesas del sufragio que se instalarán en el país y en las dispuestas en "más de 400 ciudades de países" para que se expresen los venezolanos que viven en el exterior. Remarcó que una vez concluido el proceso, desde el lunes, los venezolanos volverán otra vez a las calles "de manera pacífica" a seguir "el combate" contra Maduro, remarcó.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha anunciado que presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para que se suspenda el plebiscito, por considerarlo un fraude y un antesala a un plan golpista. Por su parte, el rector electoral Luis Emilio Rondón, el único afín a la oposición, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que contribuya a la paz social suspendiendo el simulacro de votación del domingo, por ser "inoportuna".

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Entretanto, la presidenta del Poder Electoral venezolano, Tibisay Lucena, anunció este miércoles que los centros en los que se impida el voto de los electores para la Constituyente serán cerrados permanentemente y no funcionarán para las elecciones de gobernadores previstas para diciembre.

De aplicarse las medidas de "cierre permanente" de estos centros "riesgosos para electores en zonas álgidas" los votantes serán reubicados en otro centro electoral que decida el Poder Electoral. Las campañas divergentes y la lucha de poderes en Venezuela se dan en medio de un escenario de protestas que han desembocado a menudo en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y otros hechos violentos que se han saldado con la muerte de 94 personas.