La vinculación de los servicios públicos con temas sociales, ambientales, políticos, jurídicos y económicos hace necesario que se tenga una dimensión integral de ellos, por lo tanto que sus administradores y organismos de control no deben orientar su actividad solo a uno: “el “negocio”; todo lo contrario, los servicios públicos se diferencian de los bienes ordinarios en el hecho de que hacen referencia a bienes meritorios, que satisfacen necesidades esenciales y están vinculados al derecho de todas las personas de tener una vida digna y al desarrollo integral de la sociedad.

La expresión “servicios públicos” tiene una clara connotación jurídica, pero a ella subyace su alcance eminentemente social y un contenido político inocultable, pues, desde sus orígenes se utiliza para hacer referencia a actividades que satisfacen necesidades esenciales de carácter colectivo, que deben ser intervenidas por el Estado, con el fin de que se garantice el acceso a la totalidad de las personas.

Hablar integralmente de servicios públicos implica asociar la actividad económica, al derecho a la “vida digna” y a los fines propios de la intervención del Estado en la economía, por eso, es en el ámbito del derecho administrativo donde se descubre su verdadero contenido y se le puede dar un tratamiento adecuado, y no en el derecho comercial y mucho menos en el de los negocios, cuyo objeto central está lejos de ser la intervención del Estado en la economía.

El divorcio de las políticas económicas empresariales, en relación con las sociales en materia de servicios públicos ha permitido que algunas empresas pierdan su norte y hagan prevalecer sus resultados económicos, sobre el cumplimento de los fines sociales propios del Estado, contenidos tanto en la Constitución, como en el artículo 2º de la Ley 142 de 1994.

Ante la insensibilidad que se genera en el mercado, los defensores de la teoría del servicio púbico debemos ocuparnos de mostrar lo inconveniente de que el desarrollo económico se haga prevalecer sobre todo tipo de valores y principios sociales, pasando por encima de la protección del medio ambiente, el desarrollo integral y equilibrado de la sociedad, desconociendo los derechos colectivos y el derecho a tener acceso a una vida digna, que se concreta en el de habitar una vivienda, en la que sea posible el acceso a los servicios básicos.

Equidad, solidaridad, desarrollo social integral y protección del medio ambiente deben ser el norte para la gerencia en servicios públicos, pues, la especialidad de estos servicios no radica exclusivamente en el desarrollo económico y en generar condiciones para facilitar la concentración de riqueza en manos del Estado y mucho menos de los particulares, sino, en que el Estado intervenga en la economía, para garantizar un mínimo de bienestar a todos los habitantes del territorio.

La tendencia a tener una visión fragmentada de la realidad social nos ha llevado a separar el análisis de la prestación y suministro de servicios públicos, como el acueducto, el saneamiento básico, la energía, el gas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, de los derechos individuales y de los sociales, para asociarlo a otros como el de libre empresa y libre competencia, que si bien, hacen parte del ordenamiento jurídico no están esencialmente asociados a la existencia del concepto “servicio público”, cuya prestación y suministro debe ser intervenida y garantizada por el Estado.

La orientación exclusivamente empresarial de los servicios públicos domiciliarios, ha llevado a deshumanizar su prestación y a que se desconozca el núcleo de su existencia que es la solidaridad, a que no se tenga en cuenta su vinculación con la protección del medio ambiente, al derecho ciudadano al disfrute del espacio público y mucho menos a que hagan parte del derecho integral de todas las personas a tener una vivienda digna.

La tarea es retomar el tema de “servicios públicos” como una asignatura esencial en la formación en derecho administrativo, que es desde donde se puede explicar su existencia, tener una visión completa de las instituciones que lo rigen y darle un sentido humano al derecho.