El político tolimense fue miembro en su momento del Partido Liberal, se desempeñó como gobernador de su departamento, fue senador y candidato presidencial en 1989.
Un juez de ejecución de penas de Bogotá concedió este lunes la detención domiciliaria al exministro de Justicia y exsenador Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de cárcel como inductor del asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, cometido en agosto de 1989.
Santofimio Botero envió a comienzos del presente año una carta a un juzgado de ejecución de penas, en la cual argumentó que ya había cumplido la mitad de su pena y que trabajó en la cárcel La Picota con el fin de reducir su sentencia. La juez 16 de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad al político, quien deberá portar un brazalete como mecanismo de vigilancia electrónica.
El asesinato de Galán fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín, dirigido por el capo Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales contrarios a su cruzada por la ética en la política y en el servicio público.
Según las investigaciones, Santofimio sugirió a Escobar asesinar a Galán, quien había denunciado la infiltración y creciente poder de esas mafias en la sociedad y la política.
El 1º de septiembre de 2011, Santofimio fue ingresado en prisión para que completara la condena a 24 años como instigador del asesinato de Galán que le fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de que le fuera revocada.
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En una decisión de primera instancia, adoptada el 11 de octubre de 2007 en Bogotá, un juez penal lo condenó a 24 años de prisión tras declararlo responsable, como coautor, de la muerte de Galán y también del escolta y del concejal que perdieron la vida en el mismo ataque.
Un año más tarde, el Tribunal Superior de Cundinamarca revocó el fallo original, contra el que la defensa del exministro había presentado un recurso de reposición.
En virtud de la revocación y absolución, Santofimio fue puesto en libertad tras haber purgado tres años y cinco meses de prisión.
Pero al confirmar en 2007 la sentencia de primera instancia, la CSJ puntualizó que el Tribunal de Cundinamarca pecó por “ostensibles inconsistencias y errores de apreciación probatoria”.