En 1982, la ONU declaró el 4 de junio como Día de la infancia agredida. Fue un acto solidario con la niñez palestina, especialmente afectada por el conflicto del Medo Oriente. Esta fecha tiene especial significado para Colombia, cuarto país del mundo con mayor impacto del conflicto en la población menor de edad, según Save the Children. 

En nuestra edición semanal reconocimos la gravedad del sufrimiento de niños víctimas de homicidio, minas antipersona, desplazamiento forzado y reclutamiento forzado. Hoy debemos lamentar el diciente silencio de las autoridades responsables de la protección de la infancia y de las víctimas, que deriva en útil cortina de olvido sobre quienes en el pasado sufrieron las agresiones, y hoy merecen recibir solidaridad y cuidado, y para quienes permanecen victimizados, que necesitan acciones de restauración de sus derechos.

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Una de las peores formas de agresión a la infancia es vincularla a organizaciones criminales. El reclutamiento forzado la priva de vivir en entornos protectores, le impide disfrutar de los derechos propios de su edad y la convierte en triste y vulnerable activista y/o pillo. El reclutamiento de menores de edad es, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, un crimen de guerra. La legislación y los tratados también reconocen que toda vinculación de un menor es forzosa, pues ocurre por agresión o por seducciones engañosas del victimario, que siempre se beneficia de esas vinculaciones.

Los reportes sobre reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia llegan hasta junio de 2016. Para tal fecha habían pasado 16 meses de la promesa de las Farc sobre entrega de menores de 17 años y fin del reclutamiento de menores de 18 años, también se cumplía un mes de suscripción del protocolo del Gobierno y las Farc para la liberación de los menores de 15 años víctimas de reclutamiento forzado. Compromisos y declaraciones no ocultan que, según Save the Children, en los 57 meses transcurridos entre septiembre de 2011, fecha de inicio de negociaciones, y junio de 2016, 1.556 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado. En tal período, las autoridades toleraron incumplimientos sobre liberación de menores y se regocijaron con los resultados del "cese de hostilidades". Qué contraste el de la victimización de 27 niños cada mes, con el ritmo de su liberación: en los cuatro meses transcurridos entre enero y mayo, las Farc dejaron en libertad a 86 niños, 17 cada mes.

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Los pocos reclamos a las Farc por este crimen encuentran respuesta en cínicas declaraciones que niegan verdad y revictimizan a la niñez y juventud vulnerada. Ya el país ha aguantado las excusas que pretenden excusar, más que aclarar, el crimen de reclutamiento de menores de edad. Y ahora asiste a velados chantajes, que son hechos de re-victimización, sobre modulación de las liberaciones a cambio de obtener celeridad en las decisiones de implementación de los acuerdos.

El olvido del Estado y el cinismo de las Farc para abordar estos crímenes profundizan la soledad de la infancia aquejada por el reclutamiento forzado y la agonía de las familias que anhelan noticias de sus infantes desaparecidos. 

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