Los congresistas, desde este 20 de julio, y el presidente Santos, desde el próximo 7 de agosto, comenzarán a “sentir el sol a sus espaldas”, pues desde esas dos fechas entrarán en la recta final o a la última anualidad de sus mandatos del cuatrienio 2014 – 2018.
Esa ya muy popular expresión en la política colombiana y que anuncia el último tramo del ejercicio Legislativo y del Ejecutivo, interpreta la coyuntura del momento, puesto que para ambos poderes públicos ya se encuentra en marcha la campaña electoral para los comicios de marzo, cuando se renovarán los cuerpos legislativos, y para las elecciones de mayo o de junio en segunda vuelta, cuando el país tendrá un nuevo timonel en la Casa de Nariño.
En otras palabras, la legislatura de julio de 2017 a julio de 2018 se verá muy alterada porque un gran número de los actuales senadores y representantes a la Cámara estarán dedicados en los meses siguientes a intentar conservar sus apetecidas curules.
Ellos ya saben que mantener sus escaños será una tarea muy difícil y compleja por los bajos niveles de aceptación que tienen entre la gente, por la indignidad y molestia creciente producida por decisiones muy antipopulares y por la siempre alta apatía, lo cual confían contrarrestar con una clientela que subsiste paralela al trabajo de los legisladores o congresistas, palabras que según académicos no son sinónimos de parlamentarios, toda vez que en Colombia no existe ese régimen, el cual prevalece en naciones europeas, aunque el origen de este vocablo proviene de parlar o discutir, que es la esencia del poder legislativo.
Entonces, el clima preelectoral, que cada vez se siente más caliente en todo el territorio nacional, impactará en el ritmo de aprobación y discusión de la agenda legislativa que requiere el gobierno santista para concluir su obra administrativa de ocho años.
Por tal motivo los analistas e informadores del mundillo legislativo y ejecutivo en Bogotá, entre ellos el periodista político Juan Carlos Martínez, del portal digital TNN, consideran que el Gobierno reducirá a la mínima obligación constitucional la radicación de proyectos de ley o de actos legislativos por un motivo con mucha lógica, porque sabe que después del 20 de julio todo va a cambiar debido a la actual campaña.
El Gobierno Nacional entiende y comprende que sería tiempo perdido atiborrar de iniciativas al Congreso, pues las archivan.
Ante ello, la estrategia gubernamental en este último período legislativo será presentar estrictamente lo necesario.
En ese sentido, la prioridad durante la última legislatura será el proyecto de presupuesto de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, que según las primeras cifras que se han filtrado estaría raspando los 230 billones de pesos. El anteproyecto de presupuesto general ya está en las comisiones económicas del Capitolio.
Y como es obvio, la otra gran urgencia del Gobierno es completar la agenda de paz con las Farc o lo que otros llaman la fase II de los Acuerdos para la terminación del conflicto con esa ya desarmada organización insurgente antes de dar su paso definitivo al quehacer político.
Así las cosas, las carteras del Interior y de Hacienda serán las que estarán más ocupadas en atender las necesidades del Ejecutivo en el Legislativo.

La agenda con las Farc
Bajo las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al fast track, a partir de este 20 de julio proseguirá el estudio y aprobación de los proyectos para finiquitar la implementación de los acuerdos con las Farc.
En la pasada legislatura uno de los reveses del debutante ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue el proyecto que reglamenta la justicia especial para los hoy excombatientes farianos, que precisamente en su estreno se tuvo que retirar por las sospechas que aún recaen sobre integrantes de las Farc.
Este tema seguramente volverá a ponerle picante a los debates de los congresistas, como también algunos de los que aún faltan para que Santos pueda cantar victoria final con ese proceso, pero en medio de la actitud de muchos congresistas que cada vez se alejan más del Presidente, en su peor momento de imagen, pensando en salvar su pellejo en las urnas con los votantes. ¡Sálvese quien pueda!
De acuerdo con un informe del Ministerio del Interior, unas diez iniciativas del Procedimiento Legislativo Especial, que están en trámite en el Congreso seguirán su curso en la legislatura que comienza este jueves.  
Una de ellas es el monopolio legítimo de las armas en manos del Estado, con lo que el Gobierno se compromete a incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras paramilitares.
También las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que está en segundo debate en la plenaria del Senado y garantiza la representación política en las 16 circunscripciones más afectadas por el conflicto, durante dos períodos consecutivos (2018 – 2022 y 2022 – 2026). 
Igualmente, la iniciativa que permite que la Unidad Nacional de Protección tenga un programa de protección integral para los integrantes del nuevo movimiento o partido político de antiguos miembros de las Farc. Fue aprobada en primer debate por las comisiones primeras conjuntas. 
La creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que corresponde al punto 1 de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, se aprobó en comisiones Quintas, al igual que la que regula el Servicio Público de Adecuación de Tierras.
Por su parte, la adición al Sistema General de Regalías sigue su curso y está pendiente la radicación de la ponencia para cuarto debate. 
La ponencia de la Reforma Política y Electoral será radicada la última semana de julio y la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP, se presentará este 20 de julio, así como la Ley de Garantías y Promoción de la Participación Ciudadana.
Igualmente, en la nueva legislatura se presentará el proyecto que brinda Garantías para la Movilización y la Protesta Pacífica. 
Y con el reinicio de las labores de los congresistas, seguramente se revivirá la polémica con el Gobierno por la suerte de un paquete de proyectos de corte social de iniciativa parlamentaria y aprobado en la sesiones finales de la pasada legislatura.
Son iniciativas como la de las horas extras y la que modifica el número de semanas de cotización a pensión por parte de mujeres, entre otros.

Mesas directivas
Desde hace rato está acordado entre las fuerzas políticas que conforman la Unidad Nacional que el conservador costeño Efraín Cepeda Sarabia y el opita Rodrigo Lara Restrepo, de Cambio Radical, serán los presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente.
Para las vicepresidencias del Senado suenan Eduardo Enrique Pulgar Daza, del Partido de la U, y Antonio Correa, de Opción Ciudadana.
Y posiblemente el indígena Germán Carlosama será uno de los vicepresidentes de la Cámara.
Y otra expectativa política es que se radicaría un proyecto de ley sobre transfuguismo para permitir que actuales congresistas puedan cambiar de partido antes de las inscripciones de candidatos en noviembre.

Comentarios:

juan guillermo
2017-07-16 09:38:43

EN LAS SALIDAS DE CAUCASIA TUMBARON TODOS LOS ARBOLITOS, SOMBRAS DE 35 AÑOS, UN ARBORICIDIO APOCALIPTICO, Y NADIE DIJO NADA...

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