La comunidad del municipio de Tumaco, Nariño, denunció que sería más alta la cifra de muertos y heridos en los hechos que se presentaron el jueves en la protesta de campesinos cocaleros. La versión de las autoridades atribuía a disidencias de las Farc la muerte de al menos cuatro civiles y otros catorce que resultaron heridos en el ataque, dada a conocer en un comunicado del Ministerio de Defensa, mientras que diversas organizaciones sociales de la región señalan que son nueve los muertos y los heridos más de medio centenar (52), "por disparos indiscriminados de la Policía en contra de los manifestantes".

Según las autoridades, la situación se produjo en el caserío Puerto Rico, que hace parte del municipio de Tumaco, cuando hombres armados lanzaron explosivos contra integrantes de la fuerza pública, que escoltaban a erradicadores de matas de coca, y contra una multitud congregada en el lugar para protestar contra esa labor. Los atacantes, presuntamente al mando de un sujeto conocido con el alias de guacho, hacen parte de un grupo "residual" del Frente Daniel Aldana de las Farc, una de las columnas más temidas de la antigua guerrilla.

Contrario a esta versión, en un comunicado, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Miranilpe y Mataje (Asominuma) se declaró testigo de los hechos y apuntó que esto "nos muestra la auténtica realidad del proceder desmedido de la Fuerza Pública frente a los campesinos indefensos que se encontraban manifestando pacíficamente exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de La Habana con respecto al punto cuatro (erradicación de cultivos ilícitos)".

Asominuma relató que el origen de los hechos tienen que ver con las protestas de los campesinos cocaleros, quienes lo hacen de manera pacífica. "Después de varios días de resistencia de parte de las comunidades campesinas, el 4 de octubre de 2017, los ánimos se ven alterados debido a la provocación suscitada entre miembros de la Fuerza Pública y la población civil que finalmente desencadena disparos de arma de fuego por parte de los uniformados con los resultados funestos para la comunidad del Alto Mira y Frontera".  

La comunidad explicó que el comunicado del Ejército y la Policía da información errónea e instó a las autoridades a decir la verdad de lo sucedido, pues atribuyeron la matanza al "lanzamiento y la explosión de cinco cilindros bomba de los cuales no existe la mínima evidencia en el lugar de los hechos y por lo mismo ninguno de los uniformados ha resultado con lesiones ni con esquirlas ni con disparos de fusil y ametralladoras que dicen se habrían accionado en su contra. De haber existido la explosión de cilindros bomba el radio de acción de la explosión hubiese sido incalculable y seguramente las víctimas no serían solo los miembros de la comunidad. 

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Esta asociación no ha sido la única que ha pedido explicaciones a la Fuerza Pública y contrariado su versión en cuanto a la cifra de muertos, heridos y la razón de la que han denominado masacre.

El Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera (Ccamif) también se manifestó por medio de un comunicado en el que detalló que "durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad (...) buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza las labores de erradicación forzosa (de cultivos ilícitos)". 

Ccamif agregó que "fueron asesinadas y heridas un número de personas indeterminado". "El problema de seguridad es tan grave que ni siquiera las autoridades civiles e instituciones de ayuda humanitaria han podido ingresar en ciertos sectores de nuestro territorio para prestar ayuda humanitaria y asistencia a las víctimas". 

En declaraciones a medios nacionales, por su parte un líder comunitario relató que se encontraban haciendo un "cerco humanitario contra la erradicación", para que la Policía no fuera a las fincas a erradicar, cuando comenzaron los disparos, versión que fue confirmada por el movimiento Marcha Patriótica, que convocó a una rueda de prensa este viernes para dar más detalles de lo ocurrido.

Entre tanto, varias organizaciones sociales también llamaron a un plantón este viernes frente a la Casa de Nariño, sede del Gobierno, para exigir explicaciones de lo ocurrido.

Erradicación  o sustitución con garantías

El Gobierno Nacional arrancó el programa de sustitución de cultivos a mayo de este año  con 83.790 familias vinculadas en 67.193 hectáreas de 13 departamentos de Colombia. En su momento, dio a conocer que este programa traería garantías para los campesinos que se dedicaban a cultivar insumos para la coca, por lo que además tendrían incentivos económicos.

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Según la comunidad, el Gobierno no ha garantizado lo que prometió, por lo que han protestado en su contra. Y otro punto importante es que se estaría aplicando la erradicación, que es una forma más radical de acabar con los cultivos ilícitos y que según el Ministerio de Defensa se creó en 2004. La razón estaría relacionada con la presión de Estados Unidos por la producción de coca en el país, que este año lanzó una alerta al Gobierno por las acciones para disminuir las cifras, que por el contrario aumentaron recientemente. 

La Presidencia de la República informó en mayo de este año que en cumplimiento del Punto 4 del Acuerdo de Paz, las Farc tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

Por su parte, el compromiso de los campesinos es erradicar, sustituir y No resembrar cultivos ilícitos. Mientras que el Gobierno ofreció a los campesinos los siguientes incentivos:

• Un millón de pesos mensuales, durante un año, para invertir en sus nuevos cultivos.

• Un millón 800 mil pesos, por una vez, para proyectos de seguridad alimentaria o de auto-sostenimiento.

• 9 millones, por una vez, para proyectos de ciclo corto, como piscicultura y avicultura.

• Desde el segundo año, inversión hasta de 10 millones de pesos por familia para consolidar proyectos productivos.

• Asistencia técnica durante todo el proceso.

• Líneas especiales de crédito.

Tras enunciar de nuevo los beneficios de participar de este programa de sustitución de cultivos, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que los campesinos cocaleros siempre han querido salirse de ese negocio, que solo atrae violencia, dolor y muerte, “pero si no les dábamos una alternativa eso no era posible”. Reiteró, en su momento, que por eso con las Farc se acordó, en el Punto cuatro del Acuerdo de Paz, “trabajar mancomunadamente con las comunidades también, para hacer un verdadero plan efectivo, estructural, definitivo, de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos”.

La erradicación se concibe entonces, según un documento oficial del Ministerio de Defensa, como "un programa que nace debido al incremento de los cultivos ilícitos en zonas de economía campesina, áreas pertenecientes el sistema nacional de parques naturales y/o cercanos a cuerpos de agua estáticos,corrientes y asentamientos humanos. Las técnicas de erradicación manual han sido utilizadas exitosamente en Perú, Bolivia y Colombia, con el fin de eliminar cultivos de coca sin utilizar el método de aspersión aérea".

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En ese sentido, lo que ha llevado a los campesinos a protestar es el incumplimiento del Gobierno con el tratamiento de los cultivos, pues la sustitución es voluntaria mientras que con la erradicación la Fuerza Pública arranca los cultivos, contrariando los establecido en el punto cuatro del Acuerdo de Paz.

El mismo establece que se "promueve la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito mediante la transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas y la generación de condiciones de bienestar para las comunidades que habitan zonas afectadas por estos cultivos, en particular de aquellas que derivan su subsistencia de esos cultivos y contempla: el programa nacional e integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, los acuerdos de sustitución y no resiembra y los planes de asistencia inmediata", de acuerdo a un documento del alto Comisionado para la Paz.