Críticos del proceso de paz han creado dudas alrededor de la pertinencia e idoneidad de las personas que elegirán a los magistrados de la JEP. Las críticas van desde vincularlos con ideas marxistas, hasta sostener que son benévolos con las organizaciones terroristas.
Sectores cercanos al uribismo y el Centro Democrático hicieron públicos los principales reparos al proyecto de la JEP aprobado esta semana. Entre ellos, plantean que los miembros de la comisión que elegirá los magistrados encargados de la Justicia Especial para la Paz no deberían ser extranjeros y manifiestan su inconformidad con lo que ellos llaman sesgos ideológicos o filiación política.
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No obstante, con muchos de ellos no se brindan cifras y hechos concretos, lo cual abre el debate y propicia una discusión sobre la veracidad de los argumentos planteados por este sector político. EL MUNDO rastreó la trayectoria de cada persona para aportar elementos de juicio y crear un panorama más amplio acerca de los elegidos.
Álvaro Gil-Robles
Perfil:
Este abogado español graduado de la Universidad Complutense de Madrid en 1966, fue designado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos por su trabajo de promoción y protección de los derechos fundamentales en toda Europa. Fue Defensor del Pueblo de España entre 1988 y 1993 (posterior al fin de la dictadura de Franco), primer Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa entre 1999 y 2006 y militó en el Partido Socialista Obrero Español, en especial durante el gobierno de Felipe González.
Entre las visitas más importantes que realizó Álvaro Gil-Robles está la de la guerra de Chechenia y la visita al País Vasco por la violencia de Eta y otros grupos separatistas. Elaboró un informe sobre esta comunidad autónoma en el que atacó fuertemente las actividades de este grupo armado y sus células ciudadanas.
Críticas:
Néstor Laso, representante del Centro Democrático en España (citado por Fernando Londoño), afirmó que este jurista “presidió la Comisión de Valoración de Víctimas de la Policía de España, que benefició a los miembros de la Eta con indemnizaciones multimillonarias, además los etarras pasaron de victimarios a víctimas. A veces recibían beneficios solo por ser miembros de la ETA y nunca se revisaban los casos. Esta comisión, dirigida por Gil Robles, le costó mucho dinero al Estado español”.
Hallazgos:
Esta afirmación se contradice con el informe que Gil-Robles realizó sobre la violencia vasca, en el cual destacó que las “dos causas principales de la actual violación de los derechos humanos en parte de la población vasca es la acción directa de la banda terrorista Eta y grupos ciudadanos violenta próximos a esta banda”.
“He podido constatar la enorme tensión a la que están sometidas las personas que en privado (o incluso en público) han tomado posiciones españolistas o constitucionalistas o son críticas con el nacionalismo y con ETA, en especial a los que pertenecen a fuerzas de seguridad del estado”.
Según él, ellos no solo van contra estas personas, sino contra sus familias y bienes. Esta violencia queda en una impunidad casi total, debido a la pasividad de la policía autónoma vasca. “Eta atenta directamente contra el más esencial derecho del hombre – el derecho a la vida– y también a la libertad y a la seguridad de las personas, a la libertad de pensamiento, de reunión y asociación”.
En el conflicto vasco sucedieron casos en los que los integrantes de Eta fueron sometidos a torturas y crímenes de lesa humanidad. La mayor parte, durante el gobierno del socialista Felipe González y a manos del Grupo Antiterrorista de Liberación (Gal), los cuales ya tienen casos sancionados por el Tribunal Supremo y la destitución de varios funcionarios. El caso más conocido caso de Sala y Zabala, quienes fueron asesinados y sus cuerpos fueron cubiertos con cal viva.
Otro elemento que contrasta con la acusación del uribismo, es que según un artículo de El País de España, “La Audiencia Nacional negó indemnización como víctimas de los Gal, en los casos en que acredite su participación en organizaciones dedicadas a perpetrar delitos violentos”, lo cual evidencia la jurisprudencia española que tuvo que ser seguida por dicha comisión en la que participó Gil Robles. En consecuencia, parece poco viable que esta comisión tuviera benevolencia con Eta, sino que juzgó actuaciones atroces de fuerzas parapoliciales como los Gal.
Diego García Sayán
Perfil:
Abogado peruano designado por la ONU por su trabajo en temas de derecho internacional humanitario. Fue ministro de Justicia y canciller de Perú, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) entre el 2004 y el 2015 y presidió ese mismo tribunal entre el 2010 y el 2013. En la etapa de la transición a la democracia, luego de la dictadura de Alberto Fujimori, fue uno de los que propuso adherir a Perú a la Corte Penal Internacional y actualmente era director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.
Su mayor logro en este recorrido fue su participación y decisión en el caso de El Mozote, sucedido en El Salvador, donde su postura fue no amnistiar los crímenes de guerra ni lesa humanidad dentro de cualquier proceso de paz, sino buscar una justicia transicional que castigue de manera prioritaria los crímenes más graves.
Críticas:
Según un texto de Tania Vega de Plazas publicado en la página web del Centro Democrático, en donde citan al abogado Sergio Tapia de Perú, “García Sayán ha tenido inclinaciones marxistas y fue en su juventud miembro del movimiento Vanguardia Revolucionaria, que agrupaba jóvenes de clase media y clase media alta con tendencias de izquierda”.
Además, afirmó, citando de nuevo a Tapia, que “trabajó para favorecer la defensa de la guerrilla Sendero Luminoso”.
Hallazgos:
Sobre su pasado, el mismo Garcia Sayán, afirmó en una entrevista con La República de Perú que perteneció al movimiento en “la juventud universitaria. Estábamos convencidos de que se podían hacer cambios sustantivos. En esa búsqueda, entre varios, integramos ese movimiento, del cual salieron todo tipo de corrientes, en un proyecto que ostensiblemente no era viable”.
Aunque no hay una sentencia o un proceso judicial condenatorio, la sospechas de que ha favorecido terroristas de Sendero Luminos ha oscurecido la figura del jurista peruano.
Rafael Rey, exministro del Defensa, manifestó en RPP Noticias que García Sayán “firmó resoluciones de indulto y conmutaciones de pena a gente condenada por terrorista(…) estas liberaciones se produjeron en contra de la opinión de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote)”.
El actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó a El Comercio en 2012 que “fueron varios centenares de terroristas liberados (…) Ciertamente, García Sayán estuvo muy a favor de liberar gente que había sido condenada por terrorismo”.
Sobre estas acusaciones, García Sayán afirmó en un texto publicado por El Comercio, que “existieron indultos a inocentes y conmutaciones de penas a personas seleccionadas a cambio de información”.
Según el exministro, en entrevista con La República, “el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acreditó que actué en sujeción a las disposiciones legales y administrativas vigentes. Se actuó adecuadamente cuando no se hicieron públicos los nombres de los arrepentidos por terrorismo, ya que estos fueron una pieza clave en la lucha contra el terrorismo porque proveyeron de información relevante”.
Juan E. Méndez
Perfil:
Abogado y activista argentino designado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Estuvo en prisión por la dictadura militar y luego trabajó en la defensa de los presos políticos, también fue relator general de Human Rights Watch presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), profesor universitario y actualmente se desempeña como Relator Especial sobre la tortura de la ONU.
Críticas:
En su columna A la calle, Fernando Londoño lo calificó como montonero, con lo cual se refiere a la guerrilla de la izquierda peronista que actuó como grupo armado hasta 1980. Por su lado, Tania Vega de Plazas le atribuye a él la responsabilidad de la organización Human Rights Watch, que según ella, “cada año presenta informes contra nuestros héroes de la patria que aspiran su merecido ascenso en su carrera militar o policial”.
Hallazgos:
EL MUNDO no encontró registros ni pruebas acerca de su pertenencia a los montoneros. Por su parte, la Senadora Vega de Plaza se refiere a los informes anuales que hace HRW; en los cuales se destacan los delitos atroces cometidos por agentes estatales.
Claudia Vacca González
Perfil:
Química y docente de la Universidad Nacional designada por Sistema de Universidades Públicas, también pasó por el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la UN, y fue asesora del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Washington (EE.UU).
Críticas:
Con respecto a ella, la Senadora Tania Vega de Plazas afirma que “me pregunto de manera respetuosa, ¿qué tiene que ver la farmacia con el derecho o la Justicia Especial para la Paz?. Aunque ningún lider del uribismo lo señaló, en algunas de sus bases se dice que esta mujer perteneció a las Juventudes Comunistas (JuCo).
Hallazgos:
Esta mujer debió ser incluida por la denuncia hecha por ONU Mujeres sobre que no hubieran mujeres y además es la integrante de confianza del gobierno por su trabajo con el Ministerio de Salud. Dentro de la academia la valoran por su independencia y lucha contra los altos precios de los medicamentos y los abusos de los laboratorios. Es cierto que hizo parte de las Juventudes Comunistas (JuCo) durante su paso en la Universidad, pero se alejó en los años 80 de esta organización comunista por diferencias pragmáticas.
José Francisco Acuña
Perfil:
Abogado,magíster en historia y especialista en Derecho Penal, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y también fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Entre sus hechos destacables, está ser el encargado del caso del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, fue decano, y actualmente hace parte de la Corte Suprema de Justicia.
Críticas:
Frente a este miembro de la Comisión no se encontraron dudas o críticas.
¿Qué opinan los sectores de la comisión que elegirá magistrados de la JEP?
Paola Holguín, Senadora del Centro Democrático:
“Me parece muy delicado que sean personas de otros países quienes elijan a los magistrados. Algunos tienen posturas ya conocidas, en las que ven a las organizaciones terroristas como víctimas. Hoy le están entregando a ellos una justicia paralela que rompe el sistema jurídico y constitucional del país”.
Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc:
“Estas personas recogen las necesidades de la JEP; plenamente transparente y respetuosa de la justicia internacional y eso genera mucho apoyo externo. Juan Méndez es intachable y reconocido en el sistema interamericano de Derechos humanos. García Sayán es uno de los que ha tomado decisiones más importantes en materia de terminación de conflicto”.
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