La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, Colfecar, denunció una persecución contra las empresas del sector a raíz de la falta de equilibrio que se viene dando en los procedimientos de investigación que adelanta la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Así lo dijo el presidente Ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, quien indicó que pese a que la regulación de “Libertad vigilada” para el transporte automotor de carga vigente desde el año 2011 involucra, investiga y sanciona a los tres sujetos: empresa de transporte habilitada, remitente generador de carga, y  propietario,poseedor, tenedor del vehículo, la Superintendencia de Puertos y Transporte solo impone sanciones a la primera, lo que está favoreciendo el desequilibrio e inseguridad jurídica insostenibles. “Las más de 300 investigaciones que la Supertransporte inició exclusivamente contra las prestadoras del servicio público esencial de transporte en el esquema de control de costos, es muestra notoria de la persecución sistemática y flagrante que amenaza su estabilidad económica y comercial” señaló el dirigente.

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Además agregó que debe recordarse que el modelo constitucional de Colombia es de economía social de mercado, libertad de empresa y libre competencia económica, que permite al Estado intervenir excepcionalmente a través de esquemas de intervención de precios como la libertad vigilada, inexistente hoy en el sector de transporte de carga y su logística al carecer de una herramienta ajustada y actualizada de los costos del transporte, y que adicional, obliga solamente a la empresa de transporte de carga habilitada y deja libres a los demás actores.

Añadió también en el comunicado que el mecanismo de intervención existente desde el año 2011 que sustituyó la denominada “tabla de fletes, se desdibujó en el momento que el Ministerio de Transporte decide que la herramienta de monitoreo o Sistema de Costos (Sice Tac) como parámetro de fijación de precios, y los denominados corredores “intervenidos”, ambos con valores mínimos obligatorios, debían cumplirse de forma coercitiva solamente por uno de los sujetos de las relaciones económicas, la empresa habilitada de transporte.

“Es imperativo entonces que se reencauce a la luz de la regulación vigente el esquema de intervención de la Libertad Vigilada involucrando en su vigilancia y control a todos los sujetos obligados: -empresa de transporte habilitada, -remitente- generador de carga, y propietario, poseedor, tenedor del vehículo, y frenar así el desequilibrio injusto que reina en el sector”, concluyó Rodríguez Muñoz.