A causa del hacinamiento en las salas de paso del Cuerpo Técnico de Investigaciones, en las Estaciones de Policía y en las cárceles El Pedregal y Bellavista, la Fiscalía General de la Nación, en su seccional Medellín tomó la decisión de suspender todas las órdenes de captura que se han emitido en la capital antioqueña y que se encuentran por ejecutar.

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El hecho es de una gravedad terminante, pues no solo demuestra la incompetencia del Estado para resolver un problema que no es nuevo sino estructural, como lo es el déficit carcelario, sino que restringe la continuidad de las estrategias de seguridad de la Administración, cuyo esfuerzo por identificar y capturar a los responsables de delitos se pierde, así como se pierde también la motivación de los ciudadanos para denunciar y de las autoridades para perseguir a los criminales, pues el mensaje enviado es que tales acciones no conducirán a nada.

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El lógico desarrollo de la operatividad policial y judicial queda corrompido cuando, como solución a esta realidad, se oyen propuestas tales como despenalizar ciertas conductas punibles o convertir en excarcelables otras tantas, dando paso a un círculo vicioso que alimenta y refuerza la criminalidad.