Dicen que la necesidad es la mejor aliada de la creación, y en muchos casos indica ser una premisa acertada. La Coordinación Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) se conformó en enero del presente año, en la ciudad de Popayán, con el propósito de presentarle al Gobierno Nacional la idea que sustenta que algunas familias campesinas tienen que dedicarse a la siembra de estos cultivos para lograr sobrevivir.

Para comprender un poco más el tema, es necesario remitirse al punto 4 del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, el cual busca, como su nombre lo indica, la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” en el territorio nacional.

Una medida que, conforme al contexto nacional, no será sencillo adaptarla a la realidad, pues sólo en Tumaco, donde el pasado 5 de octubre fueron asesinados seis campesinos en extrañas circunstancias, el cultivo de hoja de coca le deja al municipio el 12% de sus ingresos, lo que equivale, según estudios, a unos 140.000 millones de pesos cada año.

Sin embargo, organizaciones como la Coccam han manifestado su voluntad de colaborar y ser partícipes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), cuya meta es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de sembradíos ilegales durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios de los departamentos más afectados.

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A pesar de esto, desde varios sectores han manifestado que un movimiento como la Coccam, por principios legales, no se puede constituir, pues atenta contra la idea de que los cultivos de coca, amapola y marihuana son ilegales.

Luz Perly Córdoba, vocera nacional de la Coccam , ha manifestado en varias oportunidades que, ante estas denuncias, es menester “aclarar que esto no es una coordinación de mafias ni de narcotraficantes, sino de personas del campo que subsisten de estos pequeños cultivos, pero que tienen una vocación campesina intacta”. 

“No somos una asociación, ni buscamos perpetuar el cultivo de coca. Nos llamamos cocaleros porque en este momento es nuestra actividad, pero una vez se solucionen los problemas de fondo, la Coccam va a desaparecer”, le dijo Córdoba a Verdad Abierta.

De acuerdo a la líder campesina, lo que desean plantear es que la sustitución de cultivos se haga por etapas, que tenga unos tiempos y que no se trate de entregarles un mercado a trabajadores del campo para que vivan por seis meses, “pues la gente va a quedar peor”.  

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En este punto, cabe mencionar que con el Pnis el Gobierno pretende que sean las organizaciones campesinas y las familias las que tomen la iniciativa de dejar atrás la siembra de cultivos ilícitos, para reincorporarse a la vida productiva, el desarrollo de las regiones en el marco de la legalidad y recibir, mensualmente, durante el primer año, el incentivo económico de un millón de pesos.

“Coccam, sin sentido”

Así como el senador de la República y experto en temas de conflicto armado, Alfredo Rangel, son muchos quienes consideran que la Coccam es una “idea traída de los cabellos”, aseverando que no tiene sentido crear una organización de campesinos cocaleros cuando lo que se planteó en el Acuerdo de Paz es la sustitución absoluta de estos cultivos ilícitos.

“Está claro que hay que ofrecer a los campesinos alternativas de ingreso, proyectos con los cuales puedan subsistir. Lo que no se puede permitir es que estas organizaciones pretendan dar un mal mensaje, haciendo creer que lo ilícito es legal”, manifestó el legislador.

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Finalmente, y en la misma línea, el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, manifestó que todo lo que retrase la sustitución voluntaria, venga de donde venga, incluida las demoras atribuibles al propio Gobierno, termina beneficiando a quienes están buscando hacerse al control de los territorios donde operaban las Farc y a los cultivos ilícitos ahí presentes.

"A pesar de las diferencias de criterio soy respetuoso de la Coccam. Junto a ellos, y otras organizaciones sociales y campesinas, la Dirección a mi cargo ha venido trabajando en la implementación de la sustitución voluntaria como está previsto en el Acuerdo de Paz", concluyó.

Desde otrora…

Luis Fernando Pineda, coordinador del Programa Integral de Sustitución para Antioquia, manifestó que la Coccam no es una sorpresa para él, pues desde hace mucho tiempo los pequeños campesinos cocaleros empezaron a crear sus propias asociaciones, como por ejemplo en los municipios de Nechí y El Bagre, en el Bajo Cauca del departamento.

Sin embargo, hace la salvedad de que la base del Pnis no son las organizaciones cocaleras, sino las Juntas de Acción Comunal.

“Es más, los acuerdos que realizamos los firman, en primera instancia, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, una vez han sido designados por las asambleas comunitarias en cada vereda. La Coccam no es la que representa a los campesinos en los acuerdos con el Gobierno”, dijo.

También, explicó que en un marco general se podría decir que la Coccam es una organización ilegal, pero en el marco específico y en el desarrollo del Acuerdo de Paz, resulta que no solamente reconocer estas organizaciones, sino también llegar a acuerdos de sustitución voluntaria con campesinos “es permisible y tiene todo un soporte conceptual que la Corte Constitucional declaró exequible y el Congreso aprobó en el decreto 896 de 2017”.

“Entonces hay todo un soporte jurídico para demostrar que el Estado tiene la oportunidad de buscar una solución con estas personas organizadas en la Coordinación. Eso sí, únicamente si sembraron hasta el 31 julio de 2016. Después de esa fecha, estamos hablando de campesinos en condición de ilegalidad”, sentenció.