El que la semana pasada se anunciaba como un cese al fuego en el conflicto del Eln contra el Estado colombiano, a fin de saludar la visita del papa Francisco, apenas se hará efectivo en un mes, con el acuerdo firmado ayer en Quito que contempla el cese al fuego y de hostilidades bilateral entre el 1 de octubre próximo y el 12 de enero de 2018.

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El Gobierno concedió tal beneficio en medio de una traumática negociación marcada por la violencia homicida, la criminalidad y los ataques terroristas del Eln. La prebenda para ese grupo llega en momentos en que está cerrando una dramática campaña terrorista plagada de secuestros, con víctimas asesinadas, y extorsiones; voladuras de oleoductos, con daños a cuerpos de agua, y agresiones de toda índole a la población. El grupo la recibe sin obligarse a liberar secuestrados y menores de edad reclutados, a cesar las extorsiones y detener actividades económicas criminales.

En lo que tememos sea presagio de las malas horas por llegar en una negociación en la que el Estado se ratifica como generoso concedente a sus contrapartes, el presidente Santos recordó que hace 5 años iniciaron las negociaciones con las Farc. Omitió, en cambio, mencionar que la primera declaratoria de cese al fuego bilateral con las Farc llegó en junio de 2016, cuando habían avanzado las negociaciones y después de las Farc haber declarado el cese al fuego unilateral. Durante las conversaciones de Quito, iniciadas formalmente el pasado febrero, ese grupo no ha producido un solo gesto de humanización o reducción del conflicto.

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Este acuerdo no es oferta de humanización ni de alivio a la población. Al contrario, es una amenaza a la ciudadanía y a los territorios afectados por las organizaciones criminales, las cuales se escudarán en la inacción del Estado para aumentar su poder. Tampoco existen garantías de que hasta el 2 de octubre, ¡un mes! ese grupo no vaya a desplegar su capacidad terrorista contra miembros de la fuerza pública, ciudadanos, infraestructura y territorios. Y después del 2 de octubre, el Estado renuncia a su obligación de proteger legítimamente a los asociados, haciéndose de la vista gorda en los casos que al momento se tengan de secuestro y reclutamiento forzado de menores de edad, pero también convirtiéndose en tolerante con el accionar criminal de grupos que será difícil deslindar del Eln. Todo ello para ofrecer una respuesta propagandística dentro de una negociación artificiosa y carente de confianza.