Hace un mes largo llamábamos la atención sobre la necesidad de proteger a la ciudad y al alcalde, a propósito de las amenazas contra Federico Gutiérrez, que incluso algunos pusieron en duda. Hoy es preciso hacer lo propio con la directora de Fiscalías en Medellín, Claudia Carrasquilla, quien estaría en la mira de una confederación de criminales que se sienten amenazados por su ejercicio: hay que cerrar filas para protegerla e invitarla a continuar su labor con decisión, pero con la seguridad que demanda esa responsabilidad.

Esta vez quien hizo públicas las amenazas fue el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y las atribuyó a la efectividad de la fiscal en la lucha contra el crimen organizado. Dijo que los jefes de la mafia habrían hecho una “natillera” para financiar un atentado contra ella, porque se  sienten incómodos con el desmantelamiento de una treintena de grupos delincuenciales y, sobre todo, con por lo menos cinco grandes operativos liderados por ella, en los que las estructuras del crimen perdieron gente y recursos.

El plan, que involucraría a por lo menos 26 combos que operan en el Valle de Aburrá, se develó con la captura de alias “pantera”, capturado en Bello por el CTI en un operativo contra las organizaciones criminales. Una realidad que ratifica la vieja verdad según la cual, aunque compitan por el negocio y se disputen las rentas ilegales, los capos prefieren aliarse y protegerse como mafia ante quienes no pueden corromper. Es evidente cada vez más que sigue vigente aquella oferta de “escoja el metal: plata o plomo”.

La señora Carrasquilla, como lo hizo en su momento el alcalde Gutiérrez, anunció su determinación de no dejarse intimidar y, por el contrario, incrementar su lucha contra las organizaciones del crimen. Así debe ser, ojalá sin bravuconadas pero sí con el respaldo de la comunidad y de los organismos de seguridad del Estado. La más efectiva respuesta a la federación criminal tiene que ser la articulación de la institucionalidad, a partir del respeto por los derechos y los procedimientos y siempre bajo el amparo de las más profundas convicciones éticas y morales.

La incomodidad de los cabecillas, pero sobre todo su operación en red, también es reflejo de la inexistencia de fronteras o períodos de gobierno para el crimen. Mientras la institucionalidad marca esas líneas en el espacio y en el tiempo para resaltar su labor y priorizar sus esfuerzos, ellos – los criminales-, las borran para fortalecer su negocio y expandir sus tentáculos de delincuencia, corrupción y violencia.

Esas redes mafiosas y el modo de protegerse, así como las amenazas, los ataques, los asesinatos, no son de reciente aparición entre nosotros. Infortunadamente la geografía de este valle está plagada de recuerdos luctuosos que nos recuerdan que lo peor de las amenazas es que muchas, muchísimas veces, si se cumplen. Por eso, hay que insistir, es preciso superar las diferencias políticas, los gustos personales, los celos institucionales y las vanidades para defender la vida, la ciudad, sus instituciones y sus líderes.

A la mafia tal vez haya que aprenderle a priorizar, a trabajar mancomunadamente superando los intereses particulares y anteponiendo el bienestar común, que al fin de cuentas redunda en beneficios para cada una de las partes.

Es cierto que mientras existan las prohibiciones y los delitos, habrá criminales, seguramente seguirán trabajando en red contra el establecimiento mientras les sea útil. También es verdad que, como en el pasado y en el presente, habrá funcionarios que no se dejen comprar ni intimidar y que se jugarán a fondo para proteger la institucionalidad. A ellos, hay que protegerlos.