A pesar de las estrategias implementadas desde el Sector TIC para neutralizar equipos robados, las cifras no son alentadoras en la capital antioqueña.
"Hombre fue asesinado en Parque de Berrío por robarle el celular”, como este encabezado periodístico publicado hace dos años en un medio local han pasado muchos más visibilizando uno de los puntos negros de la seguridad ciudadana durante los últimos años en Colombia.
Fue por este motivo que en 2016 el Gobierno pensó en implementar una estrategia integral para combatir el hurto de equipos móviles; allí tomaron parte activa el Ministerio de la Información y las Comunicaciones (MinTic), la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRC), la Policía, la Dian y la Fiscalía.
Las primeras acciones para contrarrestar este delito llegaron por cuenta de la CRC, con una resolución que puso nuevas condiciones de cara al barrido de celulares robados que pululaban en el mercado.
“Nuestro compromiso en ese momento era brindar unos controles tecnológicos -mediante el bloqueo- y diseñamos unas intervenciones simples que se hacían en la mayoría de los países”, citó el comisionado experto de la CRC, Juan Manuel Wilches.
Aún así, las cifras de hurto a estos artefactos en Medellín arrojan un incremento durante el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo del 2017. En la capital antioqueña -según estadísticas aportadas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá- se han arrebatado 6.197 móviles, frente a los 4.910 robados para esta misma fecha del año anterior.
Este hecho contrasta con las tácticas para disminuir esta clase de delito, teniendo en cuenta que -según el MinTic- el registro y la homologación de los celulares adquiridos legalmente eran una medida para inhabilitar los aparatos una vez que fuesen usurpados a sus legítimos dueños.
En este contexto surgen interrogantes en torno a la efectividad de los bloqueos, por esta razón EL MUNDO preguntó directamente al comisionado de la CRC si las bandas criminales dedicadas a arrebatar celulares habrían encontrado la manera de burlar su neutralización.
El funcionario no descartó que existan personas -desde el punto de vista técnico- capacitadas para dejar sin efecto el bloqueo hecho a un móvil robado. “Esto se puede estar presentando, pero con los controles hemos observado que se está limitando la posibilidad para evitar las alteraciones previas a la puesta comercial de un artefacto hurtado”, expresó Juan Manuel Wilches.
El Imei, por sus siglas en ingles -según especificaciones técnicas- es como la huella digital que hace único a cada celular en el mundo. Está conformado por quince dígitos que en su orden denotan: el país en el que se creó el aparato, el fabricante, el número de serie y el número verificador.
Este código permite efectuar el bloqueo de un celular una vez que se haya extraviado o haya sido arrebatado a su dueño, aquí radica la importancia de registrarlo ante el operador que presta servicio al usuario. Esta acción -asegura el MinTic- contribuye a controlar el mercado ilegal de celulares en el país.
El comisionado de la CRC mencionó que en 2016 -como parte de la ofensiva a los crecientes hurtos- se inhabilitaron equipos con los Imei inválidos, sin formato, no homologados y duplicados. “Todas esas medidas las hemos venido incrementando de manera progresiva, las cifras desde el sector TIC permiten inferir que los resultados son acordes a lo que se esperaba”, aseveró.
Desde agosto de 2015 a mayo de 2018 -expuso- 18,2 millones de celulares han sido bloqueados en el país por alguno de los motivos antes enunciados. Todas esas acciones -sostuvo- han estado enfocadas en limitar a las bandas criminales y evitar que alteren los Imei para luego poner los equipos robados en el mercado.
El experto afirmó que la cantidad de bloqueos aplicados se ajustan a la disminución de hasta un 55% de equipos hurtados en el mercado, pues los compradores de unidades irregulares se percatan de las acciones para inhabilitarlas.
“Yo tengo el coco de un celular, me lo vendieron y era robado. Cuando lo detectan y a las 48 horas me dicen que está bloqueado, lo primero que hago como usuario es ir al sitio en donde lo compré y digo: me vendieron algo ilegal, denme un móvil bueno o me devuelven el dinero”.
Y prosiguió: “lo que queremos es eso, que el usuario no termine quejándose con el operador -que no es el responsable de la alteración- sino con el comerciante responsable por la venta de aparatos robados”.
Este -argumentó Wilches- es un tema que definitivamente compete a la seguridad ciudadana, Pueden darse todos los controles -gracias a nuestra estrategia que no existe en ningún otro lugar del mundo- pero deben ir complementados con acciones de protección lideradas por la Policía.
Si las bandas se están especializando o no -respondió el experto- es un tema que deben corroborar las autoridades. “Nosotros no tenemos acceso a esa información. Por el carácter confidencial de los operativos que manejan, esa es una precisión que sólo conocen ellos”.
“Nosotros en realidad lo único que hacemos es proveer las herramientas para limitar la acción de las bandas criminales y proveer material para que ellos -Policía y Fiscalía- puedan hacer operativos”, concluyó.