Los recursos provinieron de la actividad de generación de energía de las centrales hidroeléctricas y térmicas de Celsia ubicadas en el Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, Santander y Atlántico.
50 municipios y seis corporaciones autónomas regionales de seis departamentos de Colombia recibieron transferencias directas por un total de $21.459 millones durante el 2017, como producto de la actividad de generación de energía hídrica y térmica de Celsia, empresa del Grupo Argos.
Estos recursos, que fueron un 7% superiores a los transferidos en 2016, correspondieron a un porcentaje de las ventas brutas de energía generada en 20 plantas de la organización.
En ese sentido, a las corporaciones autónomas les fueron transferidos $11.074 millones, proporcionales a la energía generada en cada región, de la siguiente manera:
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC): $4.617 millones.
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC): $2.918 millones.
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA): $1.717 millones.
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Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima): $1.196 millones.
Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia): $617 millones.
Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS): $7 millones.
Entre tanto, a 50 municipios se les fueron transferidos $10.384 millones, proporcionales a la energía generada en cada región, siendo Buenaventura el más beneficiado con $3.302 millones recibidos.
Las transferencias son los recursos que las empresas generadoras de energía deben transferir de acuerdo a las ventas brutas de energía por la generación propia, según la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética. Las transferencias se realizan de manera mensual y fueron creadas por la Ley 99 de 1993 y modificadas por la Ley 1450 de 2011.
En el caso de las plantas hídricas corresponden al 6% de las ventas brutas de energía y en el caso de las térmicas al 4%.
Según la normatividad vigente, las administraciones municipales y las corporaciones autónomas regionales deben invertir al menos un 50% (a partir del año 2012) en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental y sólo podrán destinar hasta el 10% de las transferencias en gastos de funcionamiento.