Al cumplirse dos años de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, debemos destacar varios aspectos: la desmovilización y desarme de más del 85 % de esa fuerza guerrillera y conversión en partido político; el comienzo del proceso de reincorporación que durará varios años; la presencia de algunos de sus miembros en el Congreso de la República; la creación de la JEP, aún con las limitaciones impuestas por el Congreso al excluir a los terceros responsables del conflicto armado; la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, a pesar de los ataques de la ultraderecha con la pretensión de invalidarla; el notable apoyo de la comunidad internacional y el comienzo del programa de sustitución de cultivos, todavía carente de recursos suficientes.

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Pero también visibles lunares: el incumplimiento a las víctimas con las 16 curules comprometidas en la firma de los acuerdos de paz, la desidia del gobierno para sacar adelante las reformas política y del sistema electoral, la lentitud en el proceso de reincorporación que permitirá que los exguerrilleros normalicen su situación jurídica, la parálisis del fondo de tierras y la falta de garantías para los líderes sociales y sus organizaciones, tema que tiende a agravarse y el asesinato de más de 80 militantes del partido Farc.

El gobierno del presidente Iván Duque navega en un mar de contradicciones: mientras a la comunidad internacional le promete que sacará adelante el proceso de paz, como lo reafirmó recientemente en Francia en los actos de conmemoración de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Pero al regresar, entregó declaraciones en contra de algunos de los componentes de su implementación. Además, muchas de su decisiones gubernamentales encuentran rechazo o son desautorizadas por su propio partido, mientras en el legislativo quien ordena la agenda es el senador Uribe Vélez. De esta manera, el presidente carece de capacidad de maniobra para concretar las leyes que se requieren para cumplir con los compromisos derivados de los acuerdos de La Habana.

Pero incluso en temas tan delicados como la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación voluntaria por parte de los campesinos firmantes de compromisos en ese sentido, se advierte incertidumbre. De manera que muchos labriegos se ven ante el dilema de mantenerse en el proceso de sustitución y erradicación, o retomar su actividad inicial. Tampoco se ha podido garantizar que el Estado ocupe los territorios que abandonaron las Farc, y otras agrupaciones delictivas lo hicieron de inmediato.

Aún falta la implementación integral de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, base fundamental de los procesos que harán que se pueda cumplir con las expectativas generadas entre los ocho millones de víctimas que dejó el conflicto armado. Implementación huérfana de un mayor apoyo de toda la sociedad, del gobierno y de la Fiscalía, en especial en todo lo relativo al desempeño de la JEP.

Hay sectores opuestos a la implementación de los acuerdos de paz, como los de ganaderos, terratenientes, algunos empresarios y políticos que han vuelto a las viejas prácticas del odio y la venganza, incitando al uso de métodos violentos, para pasar en algunos casos a convertirse en responsables directos de atentados a líderes sociales y a comunidades que han padecido los horrores de la guerra.

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En cuanto a la lucha contra la corrupción, si bien se ha hecho justicia en casos emblemáticos, estamos lejos de disminuir su nefasto impacto sobre la política, la gobernabilidad, la economía. Falta mayor empeño en esta lucha contra las costumbres de apoyo a la ilegalidad y a las rentas criminales, que inciden negativamente en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.