Aunque el Gobierno Nacional no lo quiera reconocer, es responsable de casi todas las dificultades que rodean las Zonas Veredales de Normalización y transición (Zvnt). La improvisación, el lento trámite de la contratación y los posibles hechos de corrupción, el desconocimiento de algunos funcionarios de su ubicación y las crecientes diferencias con las Farc, dominan un escenario que no es más caótico porque en su última conferencia nacional esa guerrilla tomó la determinación de abandonar las armas y convertirse en partido político. Última palabra.

Producto del actual desbarajuste es que hubiese pasado casi desapercibido el hecho histórico e inconmensurable de ver a una heterogénea cantidad de guerrilleros desfilando con sus comandantes hacia las zonas campamentarias, saludando a la población civil y a los militares que encontraban en su camino. Y sucedió porque la opinión pública está entretenida con el debate de otros temas que le quitaron fuerza a este acontecimiento.

No se puede negar que también los propios acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc incurrieron en errores al escoger algunos territorios como ZVNT, pues sus condiciones no facilitan el logro de los objetivos. Además, pesaron bastante otros argumentos y el sentido de darle a la oposición y a la opinión pública el mensaje de que no se estaba cediendo demasiado terreno para la etapa final de concentración y dejación de armas.

El Gobierno Nacional no se puede seguir equivocando de esa manera, ni entregar en bandeja de plata argumentos a la oposición para que tome los hechos, los magnifique y tergiverse, para finalmente retornarlos a la opinión pública como verdad sabida y buena fe guardada.

Pero crece la lista de equívocos de las partes, y ahora son las Farc las que se empecinan en que la entrega de armas se produzca en forma secreta, con argumentos tan ridículos como aquél de no propiciar interpretaciones ligadas a una humillación o pérdida de moral de los combatientes, o con otras razones igualmente baladíes. Si algo debe quedar claro es que la desmovilización y entrega de armas es un hecho histórico de inmenso significado para el país, un triunfo de la paz y de los colombianos, y un aporte elocuente de esa guerrilla a toda la sociedad en la búsqueda de la reconciliación nacional.

Ocultar ese gesto equivale a dilapidar una gran oportunidad para pregonar sus méritos, y para que los medios de comunicación -en vez de alentar con tanta insistencia las argucias de la oposición- dediquen sus esfuerzos a resaltar los alcances del acuerdo, y buscar así que la comunidad internacional se comprometa aún más con sus desafíos y lo valore en sus reales dimensiones.

Además, este desacierto sirve a los enemigos del proceso de paz para opacar su impacto y tratar de sacar provecho del próximo debate electoral, mientras intentan unir fuerzas en el propósito de desmontar los acuerdos, si lo ganan.

Afortunadamente la discusión se ha centrado en la lucha contra la corrupción, donde dicha oposición política es la que más tiene que perder, dado su mayor compromiso con esos hechos criminales. Pero los alcances del proceso de paz se han visto disminuidos, fenómeno que se acentuará si el Gobierno y sus delegados en los acuerdos no logran subir el perfil de los inminentes logros.

A todas estas ¿dónde quedó la Estrategia de Reacción Rápida, ERR, prometida para todos los territorios y que manejaba el Ministerio del Posconflicto?