El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck el Aissami, advirtió este jueves que la justicia militar castigará con penas de entre 5 y 10 años de cárcel a quienes obstaculicen la elección del medio millar de asambleístas que redactarán una nueva Constitución.

"La derecha ha dicho que durante la votación del 30 de julio va a cerrar algunos centros electorales" que, por orden militar, serán "zonas de seguridad nacional y, en consecuencia, cualquier delito que allí se cometa será sancionado por la justicia militar", sostuvo el segundo a bordo en el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro.

La oposición sostiene que el proceso para escoger dentro de dos semanas a 537 redactores de una nueva Carta Magna apunta a la consolidación de la que denomina "dictadura de Maduro" y a perpetuarlo en el poder.

"El que cometa el día 30 algún delito en zonas de seguridad recibirá una pena de cárcel entre 5 y 10 años", reiteró Aissami en un acto gubernamental, aunque dijo confiar en que "no habrá fascista que se atreva a meterse con nuestro proceso" si el oficialista se moviliza. La única forma de evitar un boicot o sabotajes el día de la elección es "la gran movilización de calle del pueblo y su voto" y el Gobierno de Maduro "se lo exige al pueblo", dijo.

"Tenemos la moral para exigir al pueblo el voto en defensa de la Revolución Bolivariana (...) porque no le hemos fallado a nadie; le exigimos al pueblo lealtad histórica con la Revolución", ordenó y nombró expresamente a "todos los trabajadores de la administración publica". "Les hemos incrementado el salario, les hemos dado todo nuestro apoyo por lo que ahora les podemos decir, ahora te toca a ti", insistió.

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También alabó que la presidenta del Poder Electoral venezolano, Tibisay Lucena, anunciara la víspera que los centros, especialmente los colegios privados, en los que se impida el voto para la Constituyente serán cerrados permanentemente y sus electores serán reubicados en otros centros de votación en futuros comicios. El Poder Electoral ha extremado las medidas de seguridad después de que algunos opositores llamaran a impedir que se instalen los centros de votación para la Constituyente convocada por Maduro.

La convocatoria de la Constituyente, un proceso para redactar una nueva Constitución que refunde el Estado, es uno de los motivos de las protestas antigubernamentales que ocurren en Venezuela desde hace más de tres meses y que se han saldado con 94 muertes, según cifras oficiales.

A través del Parlamento, donde tiene mayoría la oposición,se convocó para el próximo domingo a una consulta organizada por los propios ciudadanos e independiente del CNE para consultar a los venezolanos si están de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros asuntos.