En una carta, el expresidente Álvaro Uribe culpó al presidente Juan Manuel Santos de quitarle a Antioquia parte de su territorio para entregárselo a Chocó al "pretender ocultar sus incumplimientos con" ese departamento, y calificó el hecho como "un precedente de graves fracturas al sentimiento de unidad de la Nación".

El exmandatario subrayó además que "existen 84 conflictos limítrofes entre entidades territoriales, de los cuales hay 20 priorizados que involucran a 11 departamentos y a 9 municipios", y argumentó que el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, "desconoció toda una tradición jurídica, la historia a cargo de Antioquia y los estudios técnicos anteriores, y se prestó para publicar un mapa de despojo".

Ante la publicación del mapa por parte del Igac, en el que los territorios de Belén de Bajirá, Blanquiceth, Nuevo Oriente y Macondo se encuentran en jurisdicción chocoana, Uribe replicó diciendo que "los cambios de rios y caños no pueden aducirse para negar que antes existieron y sirvieron como límites, cuando además ha habido claridad en los límites tradicionales a los cuales concurren los servicios públicos, la educación, las acciones comunales, el censo electoral, el censo poblacional, los registros catastrales de varias décadas, la titularidad de más de 100 años, etcétera".

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Además, afirmó que la publicación del mapa no se puede dar sin el consentimiento del presidente de la República, quien otorgó los citados territorios para calmar el paro cívico adelantado en Chocó. "Esto es inaudito para resolver un reclamo social de una región; apacigua temporalmente una inconformidad pero genera una prevención dañina, que puede acentuarse con el tiempo, en claro riesgo a la unidad de la Nación".

Sin embargo, el exmandatario aclaró que "este límite es provisional mientras el Senado toma la decisión definitiva" pero que "esa provisionalidad genera todas las consecuencias jurídicas". 

Por otra parte, en el comunicado, señaló Uribe que "las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso y la plenaria del Senado deben continuar en el ejercicio de sus competencias, y considerar la posibilidad de acoger la manifestación de la comunidad, que se exprese en una consulta popular".