Las autoridades administrativas y políticas de Antioquia permanecen en estado de máxima alerta ante el zarpazo del centralismo estatal de entregarle en forma inconstitucional e ilegal un vasto territorio antioqueño de la subregión de Urabá al Chocó, como solución al segundo paro cívico por problemas sociales domésticos, más no territoriales, que se registran en el vecino departamento.
En las últimas horas, la Gobernación de Antioquia por medio de sus secretarios Jurídicos ripostaron a una comunicación de un asesor del Secretario General de la Presidencia de la República al mandatario seccional y le advierten que cambiar mapas oficiales puede constituir una conducta delictiva.
Las ya inocultables hostilidades chocoanas con los antioqueños, orquestadas por funcionarios del alto Gobierno, se reflejan en incluir entre sus peticiones al Gobierno central un diferendo limítrofe que no tiene nada que con la grave situación social, humanitaria, de seguridad y económica que vive esa región.
Pareciera que el trasfondo de esta protesta chocoana, sólo busca apoderarse de un territorio con el concurso de unos funcionarios nacionales y del Igac, que no tienen competencias legales ni constitucionales para ello.
Por eso las autoridades civiles y políticas de Antioquia, su Gobernación y la Asamblea Departamental, se declararon en alerta para hacerle frente a esta maniobra que sólo busca cercenar su territorio.
En ese sentido, el Gobernador citó con carácter extraordinario a sesiones a la Asamblea de Antioquia este lunes y martes.
Los secretarios Privado de la Gobernación y General de la Asamblea, Iván Echeverri Valencia y David Alfredo Jaramillo, explicaron que la sesiones extras serán instaladas a las 6 de la tarde del lunes y el martes se cumplirá la plenaria para abordar el problema con el Chocó con el visto bueno de centralistas y revanchistas funcionarios nacionales del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que presuntamente están violando la ley.

Develación de un diputado
El origen de este nuevo capítulo en la crisis entre Antioquia y Chocó, que volvió a estallar el año pasado, fue develado el jueves por la tarde por el diputado Norman Correa, quien en mensaje al Gobernador y a sus compañeros diputados, denunció que la entrega de Belén de Bajirá al Chocó fue pactada desde el miércoles 24 de mayo con los organizadores del paro cívico en ese departamento.
Advirtió que el Comité Cívico informó que el Gobierno se comprometió a publicar oficialmente el nuevo mapa del Chocó el próximo 12 de junio y el 23 de julio se realizarán actos protocolarios en Belén de Bajirá, confirmando la soberanía del Chocó en el territorio adicionado.
Ese día el diputado Norman Correa también propuso que “de ocurrir esto, no solamente demandemos ante los organismos de control esta extralimitación de funciones y este acto administrativo arbitrario, sino además, le exijamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inclusión de un tarjetón adicional en las elecciones de marzo próximo, donde los antioqueños manifestemos nuestro deseo o no de convertirnos en un Departamento autónomo y federal.
Igualmente este corporado argumentó que “el diseño institucional del país debe cambiar, el modelo de descentralización debe profundizarse, las decisiones de los territorios las deben tomar los territorios, por ello Antioquia debe optar por ser un territorio autonómico o Federal”.
Luego en diálogo con medios informativos, Norman Correa precisó que su propuesta de una Antioquia federal no busca independencia.

Conducta delictiva
Una vez conocido el pacto entre el Chocó y los funcionarios del Gobierno Nacional, se produjo la muy oportuna respuesta del gobernador Luis Pérez en carta al presidente Juan Manuel Santos.
En la misiva alertó para que el mandatario nacional no deje violar la Constitución y la ley en el caso de Belén de Bajirá y "no permita que arrasen con la dignidad y el respeto a las normas superiores y evite que funcionarios frágiles negocien la legalidad del país".

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Igualmente pidió investigar al Igac por su actitud sospechosa contra Antioquia en el caso de Belén de Bajirá.
En la noche del viernes, el secretario y subsecretario Jurídicos de la Gobernación de Antioquia, Mauricio García y Carlos Arturo Piedrahíta respondieron un concepto que un asesor de la Secretaria General de la Presidencia de la República, de nombre Pablo Cárdenas Rey, dirigió al gobernador Luis Pérez.
En la contestación dicen que asumen ese concepto como una postura personal de ese funcionario y no como una respuesta oficial del presidente Santos a las inquietudes del Gobernador.
En la respuesta de los dos titulares de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Antioquia también hacen dos anotaciones a dicho asesor, así:

1.  “Es falsa y engañosa su interpretación sobre lo que decidieron las Comisiones Conjuntas de Ordenamiento Territorial del Senado y Cámara en diciembre de 2016. Usted cita la conclusión correcta, pero su juicio en totalmente equivocado.
            
2.  Estamos de acuerdo en que el Igac debió emitir un mapa sobre el asunto limítrofe entre Antioquia y Chocó, acorde con los límites de 1947. Lo que usted ignora es que ya el Igac publicó mapas oficiales en 1952, en 1973, en 1982, en 1985, en 1987 y en 2003. En todos estos mapas oficiales publicados por el Igac, Belén de Bajirá aparece en Antioquia.

Si se va a publicar un mapa para que Belén de Bajirá aparezca en Chocó, esto es competencia  exclusiva del Congreso de la República, mediante ley y no por suplantación de una entidad administrativa carente de legalidad”.
Y advierten que cambiar esos mapas oficiales que vienen de tiempo atrás “puede constituir una conducta delictiva”.
     
Abuso de funciones
También como respuesta al anuncio de la Presidencia de la República de que el 12 de junio se hará pública la formalización de Belén de Bajirá como territorio del departamento del Chocó, el diputado de la Asamblea de Antioquia, Braulio Espinosa, afirmó en un comunicado que esta corporación se opone "rotundamente a cualquier decisión que cercene la división política territorial de Antioquia”.
El diputado argumentó que si se concretara la expedición del acto administrativo que  anexa el corregimiento Belén de Bajirá al Chocó, “se evidenciaría claramente un hecho punible denominado por el legislador como abuso de funciones públicas”, Ley 599 de 2000, Artículo 428: "El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de uno a dos años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años."
Espinosa reiteró que la autoridad limítrofe para asuntos territoriales es el Congreso, según alcances de la Ley 1447 de 2011, por lo que expresó que “pensar que por medio de un acto administrativo, se puede cambiar la división política territorial entre  Antioquia y Chocó (y no por medio de la ley) es demostrar  un desprecio por el orden jurídico, que dejaría sin garantías al Departamento de Antioquia”.
“Extendemos una invitación al equipo que representa al Gobierno Nacional para que retire del acuerdo, con el que logro levantar el paro cívico en Chocó, este punto tan sensible para los  antioqueños”, añadió.
Así las cosas y ante la gravedad de los anuncios de la entrega de los territorios antioqueños de Bajirá (Mutatá), Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente (Turbo), por parte del Gobierno Santos al Chocó, destruyendo la integridad territorial y usurpando las funciones del Congreso de la República, este martes la Asamblea Departamental realizará sesión extraordinaria a las 9 a.m. para debatir esta desafiante situación.
La diputada Ana Cristina Moreno invitó a todas las fuerzas vivas del departamento de Antioquia a hacerse presentes en esa sesión.
El malestar e indignación ha crecido tanto en Antioquia que desde diferentes sectores de la opinión seccional, se exige un pronunciamiento de todos los parlamentarios de la región, senadores y representantes, así como de todos los diputados de la Asamblea, de alcaldes y concejales de la subregión de Urabá, al igual que se necesita de la solidaridad de los restantes municipios de Antioquia.
Además se reclama un pronunciamiento de los expresidentes Belisario Betancur Cuartas y Álvaro Uribe Vélez.
Los congresistas antioqueños Santiago Valencia y Nicolás Albeiro Echeverri anunciaron investigación y debate al Igac.
El periódico El MUNDO dedicó su editorial en la edición escrita dominical al tema y lo tituló “El espinoso acuerdo con el Chocó”, aduciendo que esta definición es un proceso complejo, que exige a las partes exponer argumentos y debatirlos sin temor a tener que saltar zancadillas.