La comunicación que hace millones de años comenzó con gestos, aullidos o con señales de humo, ha evolucionado de tal manera que ya no hay distancias ni tiempos que retrasen la oportuna recepción de una noticia, cualquiera sea su origen o su trascendencia.

No cabe duda que los enormes avances tecnológicos ideados por el hombre en su incesante búsqueda de mejoramiento en todos los órdenes, han beneficiado, y de qué manera, a los medios de comunicación.

Esta incansable y bienvenida superación que se advierte no solo de lo relacionado con el aspecto físico –es decir los elementos materiales que se utilizan y se renuevan todos los días– también ha influido para que, de una manera quizá involuntaria, todos los personajes públicos supongan que ellos, por ser quienes son, deben estar involucrados en el espectáculo, así muchas veces no tengan nada que decir o digan lo que no deben.

Todo lo anterior ha incidido para que los mismos medios de comunicación, radio y televisión principalmente, a los que apenas les interesa el rápido registro de cualquier cosa, hayan permitido llegar al actual estado actual en lo que a información se refiere: la vigencia de una dictadura de cámaras y micrófonos.

Casi todos los que en distintas esferas e instancias públicas y privadas tienen alguna connotación, parecieran disfrutar hasta el orgasmo cuando tienen al frente una cámara de televisión o un micrófono, y en consecuencia se despachan con fruición sin medir consecuencias.

Por eso es tan frecuente comprobar cómo cualquier funcionario o exfuncionario afirme con ruido y espectacularidad la ocurrencia o el descubrimiento de un hecho que revista suma gravedad, y al día siguiente con total desparpajo y sin ruborizarse siquiera, diga lo contrario y haga toda clase de acrobacias lingüísticas para sacar sus extremidades de donde las habían metido.

Uno de los casos más recientes fue el protagonizado por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuando dijo sí pero no, en el asunto relacionado con el posible ingreso de dineros provenientes de la dueña del podio en corrupción, Odebrecht, a la campaña presidencial del actual Jefe del Estado.

Legislar, anunciar órdenes de detención, expedición de decretos o adopción de medidas sin el lleno de los más elementales principios de responsabilidad y orden a través de las cámaras de televisión y los micrófonos, -- orgásmicos y afrodisíacos ellos -- se ha vuelto algo común en Colombia, donde la vida transcurre entre la inmediatez del escándalo de hoy y del que vendrá mañana.

El último en protagonizar una de estas salidas “chimbas” a los medios fue el auditor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien sin sustento alguno ni mencionar cifras concretas, nombres de ordenadores y contratistas, dijo que en Antioquia, Chocó y San Andrés, se han entregado en forma directa – esto es sin licitación – contratos por $7.8 (siete billones ochocientos mil millones) de pesos, con un aumento, según el funcionario, de un 54% en 2015 a un 87% en 2016.

Además de mezclar peras con manzanas y de no dar nombres ni cantidades exactas, el Auditor ya hizo una grave sindicación, aunque en su vida institucional seguramente Chocó y San Andrés jamás hayan ejecutado presupuestos que les hubieran permitido contratar directamente por esas cifras astronómicas.

Explicaciones, datos, nombres, obras contratadas, fechas, valores, períodos, en fin, muchas aclaraciones debe el Auditor General después de esta empantanada, hecha seguramente en medio de la emoción y el frenesí que también a él le provocan las cámaras orgásmicas y los micrófonos afrodisíacos. Existe la contratación directa legal y necesaria, otro punto que debe especificar el Auditor.

TWITERCITO: Si la dupla Uribe-Ordoñez es la abanderada contra la corrupción, Rafael Uribe Noguera y Luis Alfredo Garavito pueden aspirar a ser directores del ICBF