El Gobierno Nacional acaba de ordenar el cierre de 84 minas de carbón explotadas por pequeños mineros en los municipios de Amagá y Angelópolis, principales productores de carbón en la Cuenca del  Sinifaná (CS)-suroeste antioqueño, lo cual significa la pérdida de empleo para más de 800 trabajadores mineros, de ellos 400 localizados en la propiedad que antiguamente fue de Industrial Hullera (IH), amén de otros cerca de 1.500 empleos indirectos. Este desalojo sin un plan de contingencia significa una verdadera calamidad social y un problema de orden público para la subregión, que por su cercanía, con toda seguridad, afectaría también el Área Metropolitana  del Valle de Aburrá.

Lo que se viene es una situación bien diagnosticada, la cual ha sido discutida por este columnista en los Encuentros de Dirigentes del Suroeste y en varias columnas en este mismo espacio de opinión, así como en foros y presentaciones ante   anteriores directivos de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia.  Como en nuestro país siempre hay que actuar ante lo urgente, retomemos lo que anticipábamos y miremos la situación creada por las precipitadas decisiones gubernamentales de este momento, no sin antes resaltar el aporte del carbón y de los mineros a lo que tanto nos enorgullece como antioqueños.

En efecto, con IH y los pequeños y medianos mineros de la CS, la industria antioqueña dispuso de un energético de calidad y barato,  que en el Siglo XX llevó a nuestro departamento a ser un próspero polo de desarrollo industrial, reconocido en Colombia y en América Latina.  Sin embargo, nada esto se tradujo en calidad de vida para nuestra región minera, y ahora la deuda social con los mineros la retribuimos con desalojos.

Con base en la legislación minero-ambiental, el cierre de una mina no es sólo el abandono de la operación extractiva sino que exige un plan de manejo  aprobado y supervisado por las autoridades mineras y ambientales, nada de lo cual se cumplió por parte de IH en su mina de Amagá. De esto son responsables tanto el antiguo propietario del título minero, como el Gobierno Nacional.  Después de la salida de IH, a mediados de la década de los 90 se conformó una empresa de los trabajadores, Mineros Unidos (MU), que pudo resistir por cerca de 10 años garantizando por lo menos la subsistencia de los antiguos trabajadores de la anterior empresa, pero que, finalmente, por la competencia del gas natural, fue necesario liquidar.

Con la  desaparición de MU, muchos mineros vieron la oportunidad de subsistir explotando de manera informal y con graves riesgos para su seguridad las cuñas y restos de mineral dejados por las anteriores operaciones empresariales.  Estos trabajadores y sus hijos, mal llamados ilegales, son lo que hoy se pretende desalojar.

Espero que estemos todavía a tiempo de encontrar soluciones y de allí nuestra insistencia.  Es así como a continuación ponemos nuevamente a consideración un plan de recuperación de la antigua mina de IH, que estamos dispuestos a discutir y revisar con la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia y/o con  la Agencia Nacional de Minería y las autoridades ambientales.

Para el diseño del plan de rehabilitación de la antigua mina de IH se requiere antes que todo un levantamiento topográfico del área cubierta por el antiguo título minero de aquella empresa, que sirva de base para estudios geológico-mineros, hidrogeológicos y geotécnicos. Con base en estos estudios se puede proyectar y construir un túnel de no  más de 400 metros de longitud, con un portal localizado en la parte más baja de la quebrada Amagá, que permita el drenaje gravedad y controlado de las aguas que están inundando los frentes mineros abandonados de IH, cuyo volumen se estima en unos 4.000.000 de metros cúbicos.  Para el drenaje se quiere además de una o varias perforaciones verticales con taladro rotatorio, cada una de no más de 200-250 metros de longitud, ensanchadas  a pozos de drenaje con “rise boring” hasta 1,0-1,5 metros de  diámetro.

Con el  plan de rehabilitación expuesto no solo se recuperarían  valiosas reservas de carbón, atractivas para una operación empresarial a mediana escala que ofrecería empleo formal a los mineros que hoy arriesgan su vida por sobrevivir, la mayor parte de ellos sin seguridad social, sino que se minimizaría el riesgo geológico a que están expuestos  los pobladores de la vereda La Ferrería, con sus viviendas situadas por encima de terrenos colapsadas y sobresaturados por la inundación, atrás referida.