La consulta popular en Cajamarca, Tolima, hecha hace siete días, dijo “no” al desarrollo minero en el municipio, y ya empieza a generar entre los grupos ambientalistas el ánimo para replicarlas, mientras que entre las grandes empresas mineras causa más desánimo por lo que ellos llaman inseguridad jurídica. Sin embargo, una inquietud fundamental que pasa desapercibida, es ¿si se logra sacar a la minería formal, controlable y verificable de Colombia?, ¿se estará en la misma capacidad de sacar a la informal y a veces hasta ilegal, que ha demostrado ser más difícil de controlar y mucho más depredadora del medio ambiente?

En el mismo sentido la preocupación la ilustró el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, en una entrevista dada a un medio radial: “Si dejamos de apoyar a quien lo quiera hacer bien, a quien lo quiera hacer de manera formal, cumpliendo con los estándares técnicos, generamos una condición de riesgo (...) hay un riesgo enorme de que lleguen a ese territorio (los actores ilegales)”.

La minería ilegal, esa que no espera por referéndum para actuar, es un flagelo que ha experimentado en mayor escala Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Tolima.

Al respecto, Hernando Escobar Isaza, abogado minero y ambiental, profesional independiente y exsecretario de la Comisión Redactora del Código de Minas de 1988, reafirmó que la minería ilegal de la que hacen parte la subversión paramilitar, guerrillera y la delincuencia común podría apoderarse de la minería  expulsando las compañías mineras lícitas. 

“El Estado, como ocurrió en el caso de los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, no sustrae las reservas forestales que hoy ocupan 45 de las 114 millones de hectáreas del territorio nacional, así desde la expedición de la Ley 2a. de 1959 se hubiera exigido que el Ministerio de Medio Ambiente realizara los estudios técnicos para determinar las zonas que ameritaran continuar siendo reservadas y no se otorgan licencias ambientales, sino que se aumentan las áreas ambientales protegidas ocupando actualmente cerca del 80% del territorio nacional, también sin estudios técnicos sociales, económicos y ambientales integralmente concebidos, puesto que se basan sólo en consideraciones ambientales pese a la imperativa exigencia legal, eso finalmente ha hecho que esos departamentos hubieran sido tomados por los delincuentes como en el sur de Bolívar”.

En contraste, Helena Durán Crane, investigadora del área de Justicia Ambiental de Dejusticia expuso que “la responsabilidad de ejercer el control sobre la minería ilegal es de las autoridades no de la comunidad como tal, este argumento que están usando que cerraron la puerta a la minería por los males de la minería ilegal no es válido. Las autoridades tienen la competencia y la obligación de combatir la minería ilegal, haya minería formal o no”.

El caso de Cajamarca 

De acuerdo con el mecanismo popular que ejercieron los pobladores de Cajamarca, al ser consultados sobre si se quería o no minería en ese territorio, evidenciaron su rechazo con el triunfo del “No” que obtuvo el 97,92% de los votos; lo que significó 6.165 sufragios, mientras que los adeptos del “Sí” fueron 76. Eso sin contar los 41 tarjetones no marcados y catorce votos nulos.

Ante los resultados, la minera AngloGold Ashanti Colombia manifestó “somos respetuosos de los medios legales por los cuales los ciudadanos pueden participar en el uso responsable de los recursos naturales del país, y seguimos creyendo que la minería responsable será un motor importante de crecimiento para la economía colombiana a largo plazo”.

La compañía agregó que evaluarán los resultados de la consulta popular, al tiempo que continuarán con el riguroso trabajo requerido para construir un consenso en torno a la creación de una industria minera moderna y ambientalmente responsable. “Actualmente tenemos tres descubrimientos sometidos a diferentes estudios antes de tomar decisiones sobre su futuro desarrollo”, expuso la empresa minera.

En medio de la situación del país sobre las Consultas Populares, Escobar Isaza expuso que “es importante señalar que las consultas municipales sólo pueden referirse a los asuntos locales, mientras que las minas que son inmuebles que no forman parte del suelo por expresa definición legal, no son de propiedad exclusiva de los municipios sino del Estado, que también incluye a la Nación y a los departamentos”.

En ese sentido, el abogado minero y ambiental explicó: “Las consultas como la de Cajamarca, por referirse a asuntos nacionales, están expresamente prohibidas por el Artículo 105 de la Constitución Política, por lo que tampoco podía derogarse el Artículo 58 de la Constitución que obliga al Estado a garantizar los derechos adquiridos y a abstenerse de expedir normas retroactivas, y el Artículo 58 del Código de Minas que confiere un derecho adquirido a los beneficiarios de los contratos de concesión”.

Ante eso, Escobar Isaza señaló: “Teniendo en cuenta que la expedición de Códigos se realiza por leyes expedidas por el Congreso y no con base en consultas populares, así como tampoco es posible derogar el impuesto de renta o establecer la pena de muerte, etc., por lo que la consulta de Cajamarca resulta completamente inaplicable, no sólo hacia el pasado sino también hacia el futuro, según lo previsto en el Artículo 4o. de la misma Carta, por tal razón no se requieren nuevas normas como algunas voces lo sugieren, sino aplicación de las existentes”.

Por otro lado, sobre la posibilidad que la minería ilegal ahora se tome el espacio dejado por la empresa de origen sudafricano, Camilo Padilla Zapata, concejal de Cajamarca por el partido Polo Democrático, expuso que por debates técnicos que se han dado sobre la situación de ese territorio referente a los ilegales, “no tienen la infraestructura, ni el despliegue tecnológico para hacer la explotación de oro a cielo abierto, porque hay que mover más o menos una tonelada de roca para extraer un gramo de oro”, lo que no se podría hacer con retroexcavadoras, ya que La Colosa tiene dimensiones exorbitantes. 

En el mismo sentido, Durán Crane agregó: “Es un argumento ridículo porque para extraer un gramo de oro se tiene que sacar 1,2 toneladas de piedra. Es un oro que está difuminado entre la roca y el proceso de extracción requiere un proceso industrial gigante que un minero ilegal sería incapaz de hacer”.

Sobre la seguridad agregó el concejal del Polo que en esa zona hay un batallón de alta montaña, sin embargo, “hay que preguntarle a AngloGold Ashanti si van a mantener su empresa privada de seguridad, porque ellos siguen siendo los propietarios de esos predios”, añadió Padilla Zapata.

Jericó y Caicedo se preparan para decir “no”

Mientras tanto ya hay municipios que se preparan para consultas donde se espera que triunfe la visión ambientalista. Es el ejemplo de Marmato (Caldas), Pijao (Quindío) y El Paujil (Caquetá). Pero no hay que ir tan lejos. En Antioquia autoridades municipales confirmaron la aversión hacia la explotación minera a pesar de que un alto potencial para la actividad y en algunos casos, proyectos propuestos, como es el caso de Jericó, Caicedo y Támesis. 

Germán Darío Zapata Ferraro, alcalde de Caicedo, rechazó rotundamente cualquier tipo de minería en ese territorio, ya que el 90% de su población no se dedica a ningún tipo: artesanal, tradicional, megaminería y mucho menos ilegal. 

Jorge Andrés Pérez Hernández, alcalde de Jericó, dijo que en ese municipio no se quiere la megaminería, y que la comunidad choca con esta propuesta al ser su vocación turística y cafetera; a pesar de que en épocas pasadas se practicara la minería artesanal.

“Tradicionalmente los jericoanos no vemos como opción de desarrollo la actividad minera, porque nos debemos más bien a economías tradicionales y sistemas de producción ya instalados de manera histórica”, indicó.

A pesar de no estar de acuerdo con la explotación minera, Pérez Hernández respeta la situación de AngloGold Ashanti que lleva más de doce años en ese territorio, “ellos van terminando la etapa de exploración, ahora están en otra parte de perfilación o de prefactibilidad, cumpliendo con unos requisitos para lo que podría ser el licenciamiento ambiental, todo el tema de trámite ambiental para seguramente aspirar a la explotación”.

Al principio, esta multinacional mostraba interés por el oro, “ahora según la empresa, los estudios y los resultados de la etapa de exploración, comentan que hay un potencial de cobre y otros materiales en grandes proporciones, pero sigue siendo un proyecto de interés nacional”, señaló el alcalde de Jericó.

En el caso de Caicedo, el burgomaestre Zapata Ferraro especificó que esta zona es agrícola y vive de un 80% del cultivo de café y el 20% entre ganado, hortalizas y pasifloras. 

Asimismo, Juan Martín Vásquez Hincapié, exalcalde de Támesis, municipio también ubicado en el Suroeste antioqueño, dijo que es muy importante para la vida “conservar el agua en el territorio, también porque es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de este milenio declarados por la ONU y la minería no es amigable con el agua. Támesis es uno de los municipios más ricos en agua del país, tiene seis cuencas hidrográficas en los 243 km2 de su territorio”. Hasta el cierre de esta edición, no se había podido obtener la declaración sobre este tema del alcalde actual de este municipio.

Yamid González Díaz, activista del Cinturón Occidental Ambiental (COA) explicó que el Suroeste antioqueño es de vocación agrícola y que genera un contraste con respecto a otras subregiones del departamento, “son municipios que están en la margen de la Cordillera Occidental como Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín, que se van construyendo a partir de vocación agropecuaria y que en la actualidad vienen realizando otro tipo de autonomías económicas a partir de procesos agroecológicos, circuitos económicos y solidarios basados en autonomías campesinas o de economías propias”.

No habrá como pararlos

Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) considera que la locomotora minera, si bien es una posibilidad importante que tiene el país de aprovechar los recursos naturales no renovables de los cuales el territorio es muy rico, ese propósito se ve afectado por varias circunstancias: “Hay una explotación de minería que se hace de forma ilegal que está generando graves problemas al medio ambiente, a las comunidades de los territorios donde esta actividad se ejerce y se convierte en un mecanismo de financiación de grupos ilegales”.

Por lo que, en primera instancia, el director de Fedemunicipios instó a que se combata lo ilegal, porque “lo legal requiere indiscutiblemente procesos de concertación donde los mandatarios locales y las comunidades se sientan que son escuchadas y que los compromisos que puedan adquirir las empresas que hacen bien esa actividad pues cumplan”.

El alcalde de Jericó, aunque opuesto a la minería en su municipio, reconoce la dificultad que puede tener el control de la minería ilegal cuando esta se presenta. Considera que la responsabilidad de brindar seguridad debe estar compartida entre el Gobierno y la multinacional, ya que en dicho territorio no tendrían la capacidad para detener una avanzada de minería ilegal. “¿Qué está pasando con Buriticá? Es un pueblo que prácticamente tuvo que llegar el gobernador con la fuerza pública y recuperarlo porque estaba en manos de los ilegales”.

¿Una decisión nacional tomada por los municipios?

Pero, en el fondo, la gran preocupación de los expertos sigue siendo el origen de las decisiones, es decir, esa posibilidad de los municipios de decidir sobre temas nacionales desde su localidad, cuando por definición no los afectan sólo a ellos sino a todo el país. La Corte Constitucional en su Sentencia T-445 le da el aval a los municipios para hacer Consultas Populares y decidir sobre si hacer grandes proyectos como la megaminería.

Eduardo Chaparro Ávila, exdirector ejecutivo del Centro de Pensamiento del Agua y del sector Minero Energético de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y director de un proyecto de la Unión Europea para Latinoamérica, precisa que “ahora los municipios son los dueños de los recursos naturales como si fueran parcelados, pero la naturaleza no parcela los yacimientos y los ecosistemas, tampoco lotea los páramos ni nada, por eso es que hay páramos que tienen varios municipios en su jurisdicción”.

Y aunque respeta las decisiones de las altas cortes; a su vez agregó que en ese sentido tiene explicación, se justifica, es razonable, científico y técnico que haya una administración central que sea la encargada de manejar los recursos del subsuelo, petróleo, gas, agua y minerales, “pero aquí se determinó que no, que cada cual era dueño de su decisión y entonces cada alcalde que quiere poner una traba por los intereses que sean, sin entrar a criticar a ninguno, decide crear una zona de protección como acaba de pasar en un municipio de Cundinamarca, aquí no queremos hidroeléctricas pero sí queremos luz eléctrica, ¿entonces cómo vamos a hacer?”.

Al respecto, Escobar Isaza expuso que es válido realizar una consulta cuando se va a construir una urbanización en un parque arborizado, por lo que normalmente se evidencian muchos ciudadanos en desacuerdo. Ante eso, el abogado minero y ambiental acotó que está muy bien que el mecanismo de participación popular para definir ese tipo de casos sean de obligatorio acatamiento.

Distintos son los casos de la gran minería: “No se puede sacar a consulta un asunto técnico como si una mina específica o un proyecto contamina una quebrada, debido a que se decide es con base en un estudio de impacto ambiental y con ingenieros que lo preparan y evalúan. O como por ejemplo: ¿Cómo saber si en una presa el dique se va a romper? Se debe estudiar el concreto porque es un asunto especializado y no es para debatirlo ante la mayoría, lo mismo pasa con una viga de un puente, una refinería, etc.”. Por lo que el abogado minero y ambiental dijo que se necesita de un estudio y explicación otorgada por un ingeniero para poderlo entender y para que la autoridad competente pueda decidir sobre su autorización.

Escobar Isaza concluyó que la Nación, los departamentos y los municipios se  deberían sentar y debatir en qué forma van a utilizar el territorio, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, esto con el objetivo de planificar técnicamente y no imponer con base en simples opiniones.

Oro es sólo el 0,2% del total

Consultada anteriormente, Silvana Habib Daza, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) dijo que Colombia tiene un área total de 114’218.901 hectáreas (ha.), de las cuales 4’377.993 están tituladas para la minería, lo que corresponde apenas a un 3,8% del territorio, que solamente tiene un 1,5% en explotación.

Sin embargo, de esa explotación el 40% pertenece a materiales de construcción, por lo cual sólo el 0,8% del territorio colombiano se encuentra en explotación principalmente de carbón, esmeraldas y cobre. El oro representa tan sólo el 0,2% del total.